La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la reasignación de más de 60 agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), incluidos aquellos que participaron en el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en marzo de 2024. Este operativo formó parte de las investigaciones fiscales relacionadas con el caso «Rolex», que indaga presuntas irregularidades vinculadas a la mandataria.
La medida, dispuesta por el comandante general Víctor Zanabria, implica que los agentes serán trasladados a otras unidades policiales a partir de 2025, como comisarías y divisiones de investigación criminal. La decisión ha generado críticas, ya que algunos de los oficiales afectados lideraban investigaciones estratégicas relacionadas con redes de corrupción y crimen organizado.
Controversias en torno a la reestructuración
La reasignación de los agentes ocurre en un contexto de cuestionamientos hacia la independencia de las instituciones encargadas de investigar delitos complejos. La Diviac, una unidad clave en la lucha contra el crimen organizado, ha sido fundamental en casos de alto perfil, incluyendo colaboraciones con fiscales anticorrupción.
Esta acción podría afectar el desarrollo de investigaciones sensibles, incluyendo las que involucran a figuras cercanas al gobierno. Diversos analistas y sectores de la sociedad han expresado preocupación sobre el impacto de esta decisión en la lucha contra la corrupción.
Contexto de cambios en la Diviac
En los últimos meses, la Diviac ha enfrentado propuestas de reestructuración que buscan limitar su capacidad operativa. Una de estas iniciativas planteaba integrarla a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), lo que habría reducido su enfoque en casos de corrupción para centrarse en delitos comunes.
