El gobierno peruano, a través del primer ministro Gustavo Adrianzén, ha reafirmado su compromiso de expulsar a los extranjeros que incurran en actividades delictivas dentro del país. Ante la negativa del régimen de Nicolás Maduro de recibir a los venezolanos deportados, las autoridades peruanas exploran mecanismos alternativos para garantizar su salida.
Adrianzén señaló que la falta de cooperación del gobierno venezolano representa un obstáculo significativo, pero aseguró que el Ejecutivo no retrocederá en su política de seguridad. «Vamos a tener que buscar formas más creativas para hacer efectiva la expulsión de estos ciudadanos», declaró el premier desde la región Lambayeque.
Las relaciones entre Perú y Venezuela se han deteriorado desde que el gobierno peruano desconociera los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, respaldando en su lugar al opositor Edmundo González Urrutia. En respuesta, el régimen de Maduro rompió lazos diplomáticos con Lima y ordenó la expulsión de sus representantes.
A pesar de este escenario adverso, Adrianzén aseguró que el plan de deportaciones continuará sin excepciones y en todas las regiones del país, incluyendo Lima, Arequipa y Lambayeque. «Seguiremos adelante con nuestra política de expulsiones. No permitiremos que delincuentes extranjeros permanezcan en Perú», enfatizó.
El anuncio del primer ministro tuvo lugar durante su participación en la Mesa Municipal «Fortaleciendo la Gestión Descentralizada – Agenda 2025», donde destacó la necesidad de mejorar la inversión municipal en zonas de frontera. En este contexto, aseguró que el gobierno busca acelerar la transferencia de recursos a las municipalidades para optimizar su ejecución.
«Brindaremos soporte técnico y fortalecimiento institucional para asegurar una correcta gestión de los fondos municipales. La inversión pública y privada son claves para dinamizar nuestra economía y generar empleo», explicó Adrianzén.
El evento reunió a 145 alcaldes de distintas regiones del país, así como a múltiples ministros de Estado, reflejando la prioridad del Ejecutivo en descentralizar la gestión y fortalecer la seguridad en todas las provincias.
En otro momento, el primer ministro defendió a la presidenta Dina Boluarte ante las acusaciones de presunto desbalance patrimonial. Afirmó que las denuncias carecen de sustento y responden a una campaña de desinformación. «La presidenta ha llevado una gestión impecable y ha presentado sus declaraciones juradas con total transparencia», sostuvo.
Según registros de la Contraloría General de la República, el patrimonio de Boluarte creció en más de 600 mil soles entre 2021 y 2024, periodo en el que pasó de ser ministra a jefa de Estado. Sin embargo, Adrianzén aseguró que este incremento está debidamente justificado y rechazó cualquier indicio de irregularidad.
Con estas declaraciones, el gobierno de Boluarte busca reafirmar su compromiso con la seguridad ciudadana y el desarrollo económico, a pesar de los desafíos diplomáticos y políticos que enfrenta el país.
