En las últimas 24 horas, el Perú ha sido escenario de actos violentos que reflejan una alarmante escalada de la criminalidad.
El 15 de marzo, un artefacto explosivo detonó en el club campestre Chepita Royal, ubicado en Puente Piedra, dejando 11 heridos, entre ellos tres niños; este ataque se suma a otro ocurrido hace un mes en el mismo lugar, lo que evidencia una preocupante tendencia de violencia en la zona.
Horas después, en la madrugada, el país se conmocionó con el asesinato de Paul Flores, reconocido cantante de la orquesta Armonía 10; el bus de la agrupación fue atacado resultando en la muerte del vocalista.
Este trágico suceso se enmarca en una serie de atentados y extorsiones que han afectado a diversas orquestas en los últimos meses.
La violencia no se detiene ahí, desde inicios del año, Lima ha sido sacudida por varios ataques con explosivos dejando heridos en distritos como San Juan de Miraflores, Lince y San Juan de Lurigancho, estos atentados están dirigidos a establecimientos comerciales yson investigados como actos de extorsión y cobro de cupos.
Lo más indignante es la aparente impasividad de las autoridades que parecen reaccionar solo cuando la violencia se vuelve mediática.
A pesar de los constantes atentados las medidas de seguridad siguen siendo insuficientes y las investigaciones avanzan con lentitud, la población vive con miedo mientras los criminales operan con total impunidad.
¿Cuántos más deben morir para que el Gobierno tome cartas en el asunto? Es momento de que las fuerzas del orden y el Estado actúen con determinación antes de que la delincuencia termine por adueñarse del país.
