El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, cuestionó la posición asumida por los concesionarios del Metropolitano quienes han anunciado la suspensión inminente del servicio generando gran inquietud en los usuarios.
Fue en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, y por Jhony Pardavé, experto en transporte.
Cáceres recordó que, a lo largo de estos años, las empresas concesionarias han disfrutado de numerosas ventajas como la suspensión de penalidades por incumplimientos operacionales.
Ejemplo de ello son los varamientos, situaciones operacionales que vienen perjudicando cada vez más frecuentemente a miles de usuarios.
Asimismo, Cáceres considera que el incremento de tarifas habría originado la migración de miles de usuarios a otros servicios.
Se refirió de esta manera a la aprobación efectuada por el consorcio de un incremento significativo en la tarifa general troncal del Metropolitano, elevándola de S/. 2.50 a S/. 3.20, lo que representa un aumento aproximado del 30%.
Este incremento ha generado un considerable descontento entre los usuarios, quienes no han observado mejoras significativas en la calidad del servicio ni en la renovación de la flota de buses.
El presidente de Aspec cuestionó que la Contraloría no hubiere corroborado las presuntas pérdidas económicas por parte de los concesionarios. Mas aún, cuando en el primer semestre de 2024 se registraron 80 millones de validaciones, un incremento de 500 mil validaciones más por mes en comparación con el mismo periodo de 2023.
Asimismo, resaltó la necesidad de una revisión exhaustiva de la gestión de los concesionarios del Metropolitano, pues hay varias preguntas clave que deben ser respondidas: ¿Cómo se están utilizando los fondos obtenidos a través de los incrementos tarifarios?, ¿Quién ha corroborado los estados financieros de los concesionarios que reportan pérdidas?
Dijo que es fundamental determinar si estas pérdidas se deben a ineficiencias internas o a una gestión inadecuada que incurre en altos costos administrativos.
Cáceres efectuó un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que, en la elaboración de cualquier futura hoja de ruta, no se doblegue ante los concesionarios e incluya a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) –cuyo cambio de funcionarios ha sido inaceptablemente exigido por estos- como contraparte del contrato de concesión.
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Así como también, se invite a las organizaciones de consumidores, usuarios y a los grupos de expertos en transporte, como veedores en estas reuniones, garantizando así que los intereses de los usuarios sean defendidos.
Además, al ser un contrato lesivo es necesario participe la Contraloría General de la República a efecto que realice un control concurrente sobre cualquier tipo de negociación.
Por esas razones Aspec pidió una renegociación estructural del contrato de concesión a través de una adenda.
Por su parte, Ricardo Pareja reiteró que su gremio cuenta con 10,000 unidades y que están dispuestos a prestar el servicio en caso los concesionarios cumplan con su anuncio de abandonar el servicio.
Finalmente, Cáceres resaltó la importancia que todos los actores involucrados trabajen de manera conjunta y transparente para resolver las deficiencias actuales y mejorar la prestación del servicio del Metropolitano, siempre teniendo como pilar a los usuarios.
