La inseguridad sigue avanzando sin control en el Perú, y ahora ha puesto en la mira a las instituciones educativas.
Según Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Particulares, más de 400 colegios privados han sido víctimas de extorsiones, lo que pone en evidencia la grave crisis de seguridad que atraviesa el país.
A pesar de los anuncios oficiales sobre los planes «Perú Seguro», «Amanecer y Retorno Seguro» y «Control Territorial», la realidad demuestra que estas estrategias han resultado inútiles frente a la criminalidad. Bandas organizadas exigen pagos a los colegios bajo amenazas de ataques, lo que ha generado temor en directivos, docentes, padres de familia y alumnos.
Este problema no solo afecta la estabilidad económica de las instituciones educativas, sino que también atenta contra el derecho fundamental de los niños y jóvenes a recibir una educación segura, las extorsiones han obligado a varios colegios a reforzar su seguridad con recursos propios, lo que incrementa los costos y pone en riesgo la continuidad de sus actividades.
Mientras tanto, el gobierno de Dina Boluarte parece incapaz de ofrecer una solución real; la delincuencia avanza, las extorsiones se multiplican y la población sigue sintiéndose desprotegida.
Las autoridades deben tomar medidas urgentes y efectivas para frenar esta ola de criminalidad que ya no distingue sectores ni geografías. Si la seguridad de los colegios no puede garantizarse, ¿qué futuro le espera a la educación en el Perú?
