Más de 300 mil niños en el Perú tienen dificultades de lenguaje oral, lectura, escritura, matemática, déficit de atención o hiperactividad, autismo, tartamudez, sordera, ceguera, entre otros.
Y es que según el INEI, más de 3,2 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en el Perú, de las cuales el 9,6% son menores de 15 años.
Este número no incluye a otro grupo significativo de niños que podrían presentar trastornos neurológicos o trastornos específicos del aprendizaje, como dislexia, discalculia y disgrafía. Según estudios internacionales, estos afectan entre el 5% y el 10% de la población mundial en edad escolar, lo que en el caso peruano podría significar cientos de miles de niños adicionales, señala Jennifer Cannock, directora del Colegio Antares del CPAL, y miembro de la Asociación de Especialistas en Audición, Lenguaje y Aprendizaje – AEAL.
La especialista agrega que los estudiantes con algún trastorno del neurodesarrollo pueden afrontar malentendidos, estigmatización, conflictos en la convivencia diaria o situaciones de exclusión, por lo que urgen medidas que ayuden a reducir la brecha de equidad en la educación.
Por ello, considera que se necesita contar con personal especializado o docentes que hayan sido capacitados en estrategias y técnicas para atender y comprender a los niños que tienen dificultades de aprendizaje. En muchos casos los niños asisten a clase con su asistente, algún papá o cuidador que los acompaña a sus clases para apoyarlos, y se convierten en “docentes sombras”.
La ley de educación inclusiva emitida hace 8 años busca promover tolerancia, aceptación y empatía hacia personas con discapacidad o dificultades en el neurodesarrollo, marcando un avance normativo significativo.
Aplicada como debe ser, el resultado debería generar en los colegios la formación de mejores estudiantes que aceptan las diferencias de manera natural y para los que tienen alguna dificultad, que logren ser autónomos e integrarse en la sociedad, anota Cannock.
“La ley exige servicios de apoyo como terapeutas, psicólogos, intérpretes de lengua de señas, que los colegios del país no tienen y el alto costo de estos profesionales dificulta ofrecer atención personalizada y efectiva para cada estudiante con necesidades específicas”, anota.
Añade que la ley de educación inclusiva establece que los contenidos sean adaptados a las necesidades de cada estudiante, lo cual no es viable implementar en todas las escuelas con aulas masificadas.
“Uno de los aspectos más difíciles es el desarrollo de una cultura inclusiva o de atención a la diversidad en toda la comunidad educativa, incluyendo padres, directivos, docentes y estudiantes. Si bien se puede trabajar actividades de sensibilización y convivencia, la inclusión plena requiere mucho compromiso y el cambio de mentalidad de toda la comunidad, rompiendo barreras, que puede llevar tiempo”, puntualiza Cannock.
