El expresidente Martín Vizcarra enfrenta una nueva etapa en su proceso judicial tras la revelación de presuntos movimientos bancarios irregulares; la Fiscalía sostiene que el exmandatario retiró menos del 1% de sus ingresos entre 2014 y 2016, lo que indicaría la existencia de fuentes de financiamiento no declaradas.
El caso, que forma parte de las investigaciones por corrupción en la adjudicación de obras públicas en Moquegua, se basa en tres elementos clave:
- Testimonios de empresarios, como el de Elard Tejeda, quien confesó haber entregado dinero en efectivo a Vizcarra a cambio de contratos de construcción.
- Análisis financiero, que sugiere que el exmandatario no necesitaba retirar dinero de sus cuentas debido a ingresos de origen desconocido.
- Evidencia documental, que incluye contratos y registros de pagos que podrían demostrar el presunto cobro de sobornos.
Vizcarra, quien fue destituido en 2020 por el Congreso en medio de acusaciones de corrupción, ha negado todas las acusaciones y asegura que se trata de una persecución política pero este nuevo giro en la investigación debilita aún más su imagen y aleja cualquier posibilidad de un regreso a la política.
La Fiscalía evalúa imputarle los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y lavado de activos, los cuales podrían llevarlo a una condena de hasta 15 años de prisión. Mientras tanto, su defensa insiste en que la acusación se basa en especulaciones y en testimonios de colaboradores eficaces con intereses propios.
Este caso marca un nuevo hito en la lucha contra la corrupción en el país y pone a prueba la capacidad del sistema judicial para sancionar a las más altas autoridades.
