Agua en riesgo. La tarde del viernes 7 de marzo se realizó la audiencia de dirimencia en el proceso de amparo constitucional contra el proyecto minero Ariana, que amenaza la fuente de agua de 11 millones de personas en Lima y Callao.
En la audiencia, la jueza dirimente Rocío del Pilar Ruiz Arrieta escuchó los argumentos de ambas partes y deberá tomar una decisión en los próximos días: declarar o no la nulidad de las resoluciones del ministerio de Energía y Minas que autorizaron este proyecto minero en pleno sistema hídrico de Marcapomacocha.
Durante la audiencia, José de Echave, exviceministro de Ambiente y firmante de la demanda judicial contra Ariana, explicó las razones por las que este proyecto es una amenaza para el derecho al agua en Lima y Callao.
“Son tres razones principales: la cantidad de agua que se podría ver afectada, tal y como lo ha dicho Sedapal; la calidad de agua, por las perforaciones en un ecosistema donde hay aguas superficiales y subterráneas; y la amenaza a la infraestructura que el Estado peruano ha construido con mucho esfuerzo desde los años 50, el túnel Cuevas-Milloc que trasvasa el 62% del agua de Lima y Callao en época de estiaje”, señaló.
Anotó que “si ese túnel fuese afectado no hay otra alternativa para trasvasar, por lo que nos quedaríamos sin agua”, advirtió.
Además, explicó los riesgos de la presa de relaves que se pretende instalar a 100 metros del túnel. “¿Que pasaría si la presa colapsara? Las presas pueden colapsar, en el Perú y en el mundo. ¿Qué haría la empresa? No se dice nada sobre esto”, señaló.
Por su parte, Juan Carlos Ruiz, abogado y representante de la parte demandante, explicó que se solicita a la jueza que se adhiera a los dos votos emitidos previamente por los magistrados Tapia y Ordóñez, quienes el 2024 se pronunciaron por la nulidad de las resoluciones que aprobaban el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ariana y a favor de un peritaje internacional independiente sobre este caso. Ruiz precisó que el principio precautorio señala, que ante la incertidumbre técnico-científica, bastan indicios razonables del potencial riesgo de vulneración de los derechos humanos y del medio ambiente.
