Las prisiones en Perú enfrentan una crisis de sobrepoblación excepcional, superando en un 130% su capacidad real, según los informes más recientes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Actualmente, Perú cuenta con 68 establecimientos penitenciarios en todo el país, diseñados para albergar a 41,019 reclusos.
Entre los penales peruanos con más del triple de reclusos se encuentran el del Callao, Chanchamayo, Quillabamba, Abancay, Camaná, Miguel Castro Castro, Huancavelica, Pucallpa, Tacna y Huanta. La cifra real de población penitenciaria asciende a 93,985, dejando un excedente de 52,966 presos sin el espacio adecuado para ser recluidos en condiciones dignas.
Este nivel de hacinamiento no solo vulnera los derechos humanos, sino que también contradice los tratados internacionales suscritos por el país para garantizar el respeto y la integridad de las personas privadas de libertad, según señala una tesis de la Facultad de Derecho PUCP.
De los 68 establecimientos penitenciarios del país, 49 reportan tasas de hacinamiento crítico, superando en muchos casos el 100% de su capacidad y, de forma alarmante, algunos llegan a sobrepasar el 200%, 300%, 400% e incluso el 500%.
Esta problemática persistente en el sistema penitenciario peruano se atribuye a la falta de infraestructura, la insuficiencia de establecimientos adecuados y al fenómeno conocido como populismo punitivo. Este enfoque prioriza la imposición de penas severas sin el respaldo de políticas que fomenten la rehabilitación y la reinserción social de los convictos.
La ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas y las pésimas condiciones de vida dentro de las cárceles agravan la crisis en el sistema penitenciario. Las consecuencias de la sobrepoblación van más allá de las cifras, representando riesgos significativos para la salud y seguridad de internos y personal penitenciario.
El gobierno peruano enfrenta un desafío que demanda medidas urgentes y sostenibles, incluyendo la construcción de nuevos establecimientos, revisión de políticas de sentencias y promoción de alternativas al encarcelamiento para delitos menores. Sin embargo, es crucial abordar el problema desde una perspectiva de derechos humanos, asegurando que la reforma del sistema penitenciario se base en principios de justicia, equidad y respeto a la dignidad de todas las personas.
