La consultora Kantar reveló en un estudio que la seguridad y violencia vivida en el Perú genera pérdidas que superan los US$120,000 diarios. Esta situación representa un obstáculo para el crecimiento económico del país y resalta la necesidad de políticas públicas urgentes para mejorar la seguridad ciudadana y proteger a los emprendedores peruanos.
«La delincuencia está afectando gravemente el desarrollo empresarial en el Perú. De acuerdo con estimaciones recientes, más del 40% de los emprendedores han tenido que destinar parte de sus ingresos a reforzar la seguridad de sus negocios, lo que reduce su rentabilidad y capacidad de inversión», señala Milagros Torres, subdirectora académica de la Facultad de Negocios de Zegel.
Por otro lado, el estudio indicó que el 78% de la población identifica la violencia y al inseguridad como sus mayores inquietudes. Este dato refleja no solo el impacto en la seguridad personal, sino también en la economía del país.
En un informe publicado en diciembre pasado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirmó el aumento de la vulnerabilidad de los negocios frente a la delincuencia. Desde 2022, la tasa de robos reportada por cada 1.000 habitantes se ha cuadruplicado, generando incertidumbre entre comerciantes y emprendedores.
Para medir este impacto, Videnza Instituto realizó un estudio sobre los negocios con acceso directo a la calle en Lima Metropolitana, los llamados PNPC (Pequeños Negocios Puerta a Calle). Los resultados revelaron que las pérdidas no solo se limitan a los bienes sustraídos, sino también a los costos en medidas de seguridad, como la instalación de cámaras, cerraduras reforzadas y contratación de personal de vigilancia.
Una de las consecuencias más graves de esta crisis es el cierre definitivo de negocios. Según el estudio, en los últimos 24 meses, uno de cada diez negocios ha cerrado por la amenaza constante de la delincuencia. Además, el costo hundido promedio de estos cierres, que incluye inversión inicial, infraestructura y activos, asciende a US$ 1.100 por negocio.
«El cierre de un negocio no solo significa la pérdida de inversión, sino también la desaparición de fuentes de empleo. Se estima que en los últimos dos años, más de 30.000 trabajadores han perdido sus empleos debido a la inseguridad», añade Torres.
El impacto de la delincuencia en la economía es innegable. La inseguridad no solo afecta a los ciudadanos en su vida cotidiana, sino que también representa una amenaza directa para el desarrollo empresarial y la generación de empleo en el Perú.
