Un alarmante caso de corrupción ha sacudido al Ejército del Perú, dejando al descubierto graves fallas en los sistemas de seguridad y control de armamento.
Más de 50 mil proyectiles fueron sustraídos de los almacenes militares durante el 2024, según confesó el subteniente Marco Páucar Yaguno, implicando a otros oficiales en una red de tráfico de municiones que habrían terminado en manos de organizaciones criminales de Ecuador.
La situación se tornó más crítica tras la detención del teniente Christian Jheyson Revilla Barzola, señalado como cómplice directo en la sustracción y distribución de las municiones; de acuerdo con las investigaciones Revilla coordinó la entrega de proyectiles utilizando incluso plataformas digitales como Yape para realizar pagos, lo que evidencia la sofisticación de estas operaciones ilegales.
Este escándalo pone en evidencia la vulnerabilidad de las instalaciones militares peruanas, el acceso a los almacenes de armamento y la ausencia de controles rigurosos facilitaron el retiro sistemático de municiones durante varios meses. Entre junio y octubre de 2024, Páucar logró sustraer lotes crecientes de proyectiles, alcanzando un total de 51.600 municiones desviadas.
La gravedad del caso no solo radica en la magnitud del robo, sino en el potencial riesgo para la seguridad nacional ya que la posibilidad de que este armamento llegue a bandas criminales transnacionales incrementa la amenaza a la estabilidad del país y la región.
La liberación de Páucar, debido a modificaciones en la ley de detención preliminar, cuestiona la capacidad del sistema legal para actuar frente a delitos que comprometen la seguridad del Estado.
Urge reforzar los sistemas de seguridad en las Fuerzas Armadas y necesaria una revisión exhaustiva de los protocolos de control de armamento y la implementación de tecnologías que garanticen el resguardo de materiales sensibles.
Este escándalo reabre el debate sobre la transparencia y la integridad en las instituciones de defensa, dejando claro que la seguridad nacional no puede estar expuesta a la negligencia ni a la corrupción.
