En un reciente video que circula en redes sociales, se observa a un hombre armado con un cuchillo de gran tamaño amenazando a un grupo de policías, los agentes intentan disuadirlo y parece que no se atreven a disparar, poniendo en riesgo no solo sus propias vidas, sino también la seguridad pública.
Este tipo de escenarios plantea una cuestión fundamental: ¿Cuándo es legítimo el uso del arma de fuego por parte de un policía?
El suboficial S3 Jesús García Castillo se encontró frente a esta disyuntiva cuando el ciudadano Norvil Durand Rodríguez intentó apuñalarlo con un cuchillo; en estas circunstancias, el uso de la fuerza letal parece no solo necesario, sino también completamente justificado.
La ley ampara a los agentes de seguridad en situaciones donde su vida está en peligro inminente, como lo fue en este caso; los policías no solo tienen el derecho, sino el deber de protegerse y proteger a la ciudadanía ante amenazas de este tipo, y el uso del arma de fuego entra dentro del marco de la legítima defensa.
Es preocupante pensar que en algunos casos, fiscales o jueces pudieran descontextualizar este tipo de incidentes y terminar juzgando a los policías como si fueran los agresores; el suboficial García Castillo no disparó por capricho, sino porque enfrentaba una amenaza directa que justificaba plenamente su reacción. Cualquier demora en la acción podría haber tenido un desenlace trágico para él o para sus compañeros.
Es fundamental que las autoridades judiciales comprendan la magnitud de estas situaciones, el uso de la fuerza, lejos de ser un abuso, es una herramienta que permite a los agentes cumplir su función: protegernos. Los oficiales arriesgan sus vidas diariamente para garantizar nuestra seguridad. Es nuestro deber apoyarlos y asegurar que las decisiones judiciales reflejen esta realidad.
Esperemos que en este caso la justicia no falle en contra de quienes velan por el bienestar de la sociedad, y que no se condene al suboficial García Castillo por haber hecho lo correcto: salvar su vida ante un ataque letal.