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El Ministerio del Interior confirma que la Policía está proporcionando patrullaje especial en la residencia de la madre de Paolo Guerrero.

En una rueda de prensa llevada a cabo el sábado 17 de febrero, Víctor Torres, ministro del Interior, confirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP) está a cargo de la seguridad de Petronila Gonzáles, madre del futbolista peruano Paolo Guerrero.

Torres aseguró que la PNP ha estado abordando desde el principio cualquier amenaza que Paolo Guerrero y su familia hayan podido recibir, brindándoles tranquilidad. Enfatizó que no hay inconvenientes y que el futbolista y su familia pueden continuar con sus actividades de manera normal.

En cuanto a las medidas de seguridad implementadas para ‘Doña Peta’, el ministro del Interior explicó que tan pronto como se tuvo conocimiento del caso, se iniciaron patrullajes en la zona donde reside la señora.

El Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria, detalló que la Dirección Especializada de Secuestros y Extorsiones está llevando a cabo la investigación sobre los mensajes intimidatorios provenientes de la organización criminal ‘Los Pupos’ de Trujillo.

Además, se ha establecido un puesto de control en la zona de Chorrillos, donde vive la madre de Paolo Guerrero, con patrullajes frecuentes para garantizar su seguridad en sus actividades diarias.

Recordando que Paolo Guerrero, actualmente en Brasil con su familia, denunció recientemente ser víctima de extorsión relacionada con su fichaje por el Club Deportivo César Vallejo. Ante las amenazas recibidas por su madre, Guerrero ha decidido cancelar su viaje a Trujillo y rescindir el contrato.

A pesar de la solidaridad expresada por Richard Acuña y su padre César Acuña, gobernador de La Libertad, quienes aseguran proporcionar seguridad, se niegan a rescindir el contrato y demandan una indemnización. Guerrero se mantiene firme en su negativa a pagar, argumentando que no recibió dinero alguno del club Vallejo.

En medio de la controversia, la PNP ha recibido críticas en las redes sociales por su respuesta aparentemente activa y especial hacia el caso de Guerrero, contrastando con la falta de una respuesta similar para otros ciudadanos que han experimentado extorsiones.