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El ataque a la fiscalía en Trujillo expone la inacción del ministro Juan José Santiváñez

La explosión de un artefacto en Trujillo ha generado gran inquietud en todo el país y es innevitable comparar, como hizo el congresista Diego Bazán, con el atentado de la calle Tarata en 1992 ha despertado temores sobre un posible resurgimiento del terrorismo, pero más allá de la comparación, lo que realmente llama la atención es la evidente inacción del Ministerio del Interior ante la creciente amenaza del crimen organizado, algo que se ha venido arrastrando en los últimos años.

El uso de explosivos en áreas urbanas recuerda a los tiempos oscuros de la historia peruana, cuando grupos terroristas como Sendero Luminoso sembraban el caos en el país, pero lo que hoy aterra a la población de Trujillo no es solo el atentado en sí, sino la falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno, que no ha hecho nada concreto para frenar el avance de la delincuencia y las organizaciones criminales, esta inacción prolongada ha incrementado la sensación de desprotección entre los ciudadanos, como en los años en que el Estado, por su pasividad, permitió que el terrorismo se fortaleciera.

Aunque la situación política y económica del país no es la misma que en las décadas de los 80 y 90, lo cierto es que el crimen organizado ha ganado terreno en los últimos años, y el Ministerio del Interior no ha logrado implementar medidas eficaces para contrarrestarlo.

La falta de acción tangible por parte de las autoridades ha permitido que las organizaciones criminales se expandan, aumentando la violencia y la inseguridad en diversas regiones del país.

Es necesario establecer si el atentado en Trujillo obedece a motivaciones ideológicas o si está vinculado a actividades delictivas, como la extorsión o el narcotráfico. Lo que innegable es que el crimen organizado sigue creciendo, y la respuesta del gobierno, especialmente del Ministerio del Interior, ha sido insuficiente; la inacción solo favorece a quienes buscan desestabilizar el país y por ello el gobierno debe dejar de lado la pasividad y actuar con firmeza para enfrentar el crimen organizado, fortalecer la seguridad y restaurar la confianza de los ciudadanos en las autoridades.