La imagen de las instituciones del sistema de justicia en el Perú se ve gravemente afectada por una crisis de confianza entre la ciudadanía; una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que más del 70 % de los peruanos no confía en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público.
El Poder Judicial, liderado por Javier Arévalo, enfrenta un escenario de creciente desconfianza, entre 2022 y 2024, la proporción de la población que confía «poco o nada» en esta institución aumentó del 69 % al 75 %.
En contraste, el porcentaje de ciudadanos que confía «mucho o algo» en el Poder Judicial se redujo del 29 % al 24 % en el mismo periodo. Esto implica que al menos siete de cada diez peruanos no confían en el trabajo del Poder Judicial.
La Fiscalía de la Nación, actualmente bajo la dirección interina de Juan Carlos Villena, también enfrenta una crisis de confianza; aunque ha habido un ligero aumento en la confianza, sigue siendo insuficiente. Entre 2022 y 2024, la confianza «mucho o algo» en la Fiscalía disminuyó del 35 % al 29 %, mientras que la desconfianza aumentó del 62 % al 71 %; en 2023, la desconfianza alcanzó un pico del 73 %, y en 2024, el IEP registró un máximo del 78 % de desconfianza en las regiones del sur del Perú.
Un estudio similar publicado en marzo de 2024 por Datum reveló que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía de la Nación son percibidos como instituciones corruptas; según los resultados, el 85 % de los peruanos no confía en la Corte Suprema de Justicia, y el 70 % de este grupo considera que sus miembros reciben sobornos. Otros motivos de desconfianza incluyen la percepción de que se beneficia a los delincuentes (10 %), la demora en emitir sentencias (8 %), la parcialidad o injusticia (4 %), y la ineficiencia (2 %).
La Fiscalía de la Nación no escapa a estas críticas, con un 73 % de los encuestados que manifiestan desconfianza, los principales motivos incluyen la percepción de corrupción y sobornos (63 %), la lentitud en las investigaciones (10 %), el beneficio propio de sus integrantes (8 %), la cercanía con políticos para ganar poder (6 %), y la falta de justicia o imparcialidad (3 %).
La percepción generalizada de corrupción y la ineficiencia en el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación socavan la legitimidad de estas instituciones y resaltan la importancia de recuperar la confianza de la ciudadanía a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora en la administración de justicia.
