El superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Manuel Castillo, ha sido denunciado por hostigamiento sexual contra una practicante de la institución.
La denuncia fue presentada por una joven practicante de la Sunedu, quien acusó a Castillo de haberla hostigado sexualmente durante su periodo de prácticas. La denunciante afirma que el superintendente realizó avances no deseados y comentarios inapropiados de naturaleza sexual, creando un ambiente laboral intimidante y hostil.
La noticia ha generado una ola de reacciones tanto dentro como fuera de la institución. Diversas organizaciones y colectivos feministas han expresado su repudio y exigido una investigación exhaustiva y transparente. Además, se ha puesto en duda la integridad del proceso de elección de Castillo como superintendente, ya que han surgido acusaciones de irregularidades en su nombramiento.
Por su parte, la Sunedu ha emitido un comunicado en el que aseguran estar comprometidos con la investigación del caso y con la implementación de medidas que garanticen un ambiente laboral seguro y respetuoso. Sin embargo, hasta el momento, Castillo no ha ofrecido declaraciones detalladas sobre las acusaciones en su contra.
El caso de Castillo no es aislado en el ámbito de las instituciones públicas peruanas. Según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el hostigamiento sexual laboral es un problema extendido, con el 34% de los trabajadores reportando haber sufrido alguna forma de acoso, aunque solo el 10% presenta denuncias formales. Las medidas obligatorias incluyen la creación de comités de intervención en centros laborales y la realización de capacitaciones para prevenir y abordar estos casos de manera adecuada.
Este caso resalta la importancia de mantener políticas claras y efectivas contra el hostigamiento sexual en todas las instituciones, públicas y privadas. La situación actual pone en relieve la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de denuncia y apoyo a las víctimas, así como de asegurar que los procedimientos de selección de altos funcionarios sean transparentes y justos.
La sociedad y las autoridades peruanas observan de cerca el desarrollo de este caso, que podría sentar precedentes importantes en la lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. La presión pública y mediática, junto con las acciones legales correspondientes, serán determinantes para asegurar justicia y protección para todas las personas en su entorno laboral.
* Con información de Infobae
