El 10 de mayo de 2024, el Ministerio de Salud de Perú emitió el Decreto Supremo Nº 009-2024-SA, el cual ha desencadenado una ola de controversia en el país. ¿La razón? La actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que ha incluido diagnósticos que clasifican a las personas transexuales y travestis como enfermas mentales. Este movimiento ha desencadenado críticas y preocupaciones dentro de la comunidad LGBTQ+ y organizaciones de derechos humanos.
El decreto, basado en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), ha incluido categorías como «transexualismo» y «transvestismo de rol dual», términos que han sido objeto de amplio debate en los últimos años. Específicamente, la inclusión de estas condiciones en una clasificación que ha sido desactualizada por la CIE-11, la cual despatologiza estas identidades de género, ha provocado un rechazo generalizado por parte de activistas y defensores de los derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+, como el Colectivo Marcha del Orgullo y la organización Manuela Ramos, han expresado su desacuerdo con esta medida. Argumentan que la utilización de una clasificación desactualizada no solo perpetúa estigmas sobre la comunidad LGBTQ+, sino que también puede fomentar prácticas discriminatorias y terapias de conversión, las cuales son consideradas una forma de tortura por el derecho internacional.
En el centro del debate está la necesidad de adoptar la CIE-11, la cual reconoce la diversidad de identidades de género y ya no clasifica la transexualidad como una enfermedad mental. Esta actualización refleja un cambio en la comprensión médica y social de la identidad de género, alejándose de enfoques patologizantes y hacia un enfoque más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.
La discrepancia entre el decreto emitido por el Ministerio de Salud y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre salud mental y diversidad de género resalta la necesidad urgente de revisar y actualizar las políticas de salud en Perú. No solo se trata de garantizar el acceso igualitario a la atención médica para todas las personas, sino también de promover un ambiente que respete y celebre la diversidad de género en todas sus formas.
En conclusión, el Decreto Supremo Nº 009-2024-SA ha avivado un debate crucial sobre la clasificación de identidades de género en el sistema de salud peruano. La adopción de la CIE-11 y la eliminación de términos patologizantes son pasos esenciales hacia una atención médica más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos en el país.
