El Congreso de la República ha reavivado la discusión sobre el restablecimiento del servicio militar obligatorio, una propuesta que busca abordar el problema de la inseguridad ciudadana y la delincuencia juvenil. Dos proyectos de ley presentados recientemente, uno por la Municipalidad de Los Olivos y otro por la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso), sugieren obligar a jóvenes desempleados, sin estudios o con antecedentes judiciales a unirse a las filas militares como parte de esta estrategia.
El servicio militar obligatorio fue eliminado en 1999, dando paso a un sistema voluntario. Sin embargo, el aumento de la criminalidad ha llevado a que algunos sectores consideren esta medida como una solución para alejar a jóvenes de contextos delictivos y brindarles oportunidades de desarrollo personal y social.
Las propuestas
- Municipalidad de Los Olivos: Este proyecto plantea que los jóvenes desempleados por más de seis meses, los que no cursen estudios y quienes tengan antecedentes judiciales por omisión de asistencia familiar sean incluidos en el servicio militar obligatorio. Se enfoca en usar esta medida como herramienta para reducir los índices de inseguridad en el distrito.
- Congresista María Acuña: La parlamentaria resalta la importancia de la disciplina y los valores inculcados en el servicio militar. Según su visión, esto no solo alejaría a los jóvenes de las redes delictivas, sino que también les abriría puertas hacia una reintegración social efectiva.
Ambas propuestas coinciden en considerar el servicio militar como una medida preventiva con beneficios sociales y de seguridad. Si bien no se han detallado incentivos, se espera que las condiciones actuales del servicio militar voluntario, como la compensación económica mensual, se mantengan en la versión obligatoria.
Un debate polarizado
El anuncio de estas iniciativas ha generado reacciones mixtas. Por un lado, quienes las respaldan argumentan que podrían ayudar a los jóvenes más vulnerables, alejándolos de la delincuencia y ofreciéndoles una estructura de disciplina y formación. Por otro lado, críticos señalan que esta medida podría ser contraproducente. Según cifras oficiales, solo el 1% de los delincuentes son menores de edad, y menos del 9% de los sentenciados son jóvenes de 18 años o menos, lo que pone en duda la eficacia de la propuesta.
Además, especialistas en políticas públicas advierten sobre el riesgo de estigmatización hacia los jóvenes desempleados o sin estudios, quienes podrían ser percibidos injustamente como propensos al delito por su situación económica o social.
Perspectivas futuras
Los proyectos aún deberán pasar por las respectivas comisiones del Congreso para su evaluación y posible aprobación. Mientras tanto, el debate sigue dividiendo opiniones en la sociedad peruana, donde algunos exigen soluciones más estructurales y otros ven en el servicio militar una herramienta para combatir la inseguridad.
La discusión continúa abierta, con un llamado a analizar las implicancias sociales, económicas y de derechos humanos que esta medida podría generar.
