Juzgado Penal Colegiado Permanente de Corte Superior de Justicia de Ucayali dictó sentencia
El Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali sentenció a 28 años y 3 meses de cárcel y al pago de 200,000 soles por concepto de reparación civil a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta tras ser encontrados culpables del delito de homicidio doloso en agravio de líderes indígenas, en el caso conocido como Saweto.
La condena se extiende a los trabajadores Euricio Mapes Gómez y a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix. La lectura de sentencia se llevó a cabo en la víspera durante cerca de tres horas en la audiencia de adelanto de fallo, a cargo del juez Jason Panduro del Águila.
¿Qué es el Caso Saweto?
El 1 de setiembre del 2014, los líderes indígenas de Alto Tamaya Saweto Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados y sus cuerpos quedaron a la intemperie; desaparecieron en la frontera de Perú con Brasil.
Medios locales recuerdan que el 31 de agosto del 2014, los cuatro líderes indígenas partieron hacia Apiwtza, en Acre, Brasil, para asistir a una reunión entre defensores del bosque, que se extiende a ambos lados de la frontera.
Añaden que los líderes ashéninka habían estado luchando contra la empresa Eco Forestal Ucayali S.A.C (Ecofusac), propiedad de José Estrada Huayta, y el aserradero Forza Nuova E.I.R.L, por la tala ilegal de los bosques de Saweto. Su muerte habría sido por represalias.
Cinco años antes, en febrero del 2008, el líder Chota Valera denunció ante la Administración Técnica Forestal de Pucallpa que una mafia de traficantes de madera operaba en su comunidad ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. Chota acusó como taladores ilegales a Eurico Mapes Gómez y a los hermanos Atachi Félix.
La denuncia pasó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Ucayali, pero fue archivada por falta de pruebas.
Desde ese año, los líderes de Alto Tamaya Saweto reclamaban a las autoridades del gobierno regional de Ucayali la titulación de su territorio ancestral y demandaron al Ministerio Público y a la Policía Nacional intervenir en la comunidad para confirmar la deforestación de los bosques ocasionada por los madereros. Sin embargo, sus reclamos no habrían sido escuchados, recuerda la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
Un año después del cuádruple homicidio —en el 2015—, la comunidad recién consiguió la titulación de 76,800 hectáreas de bosque.
Después de ocho años se ejecutó la sentencia sobre el caso, que demuestra un precedente para los pueblos indígenas que han sufrido abusos por parte de empresarios en sus tierras y están esperando justicia.
Los abogados defensores tienen diez días hábiles, computados desde el 27 de febrero —fecha en que se leerá la sentencia completa a las 16:00 horas- para sustentar su apelación ante el juez que emitió la condena, que de aceptarla el caso podría ser elevado a la Primera Sala Penal de Apelaciones.
