El creciente número de extorsiones en Lima ha llevado a que casi tres mil bodegas cierren definitivamente sus puertas, según la Asociación de Bodegueros del Perú. La situación es especialmente crítica en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas e Independencia, donde los dueños de negocios, temiendo por su seguridad y la de sus familias, ante la ola de extorsión, han optado por cesar sus actividades comerciales.
«Las bodegas no solo representan una fuente de sustento para miles de familias, sino que también son una pieza clave en la economía local. Su cierre masivo afecta la cadena de suministro, reduce la competitividad de los pequeños empresarios y limita el acceso de los consumidores a bienes de primera necesidad», explicó Milagros Torres, subdirectora de la Facultad de Negocios de Zegel.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los robos a negocios se han incrementado en más de un 3% en comparación con el primer semestre de 2023. Las extorsiones son uno de los delitos que más han crecido en el país, con 5,012 denuncias solo en los tres primeros meses de 2024. Lima Metropolitana encabeza la lista de denuncias, seguida por La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque y Áncash.
«La extorsión y el cierre de bodegas no solo perjudican a los propietarios, sino que generan un efecto dominó en la economía local. Menos bodegas abiertas significa menos proveedores vendiendo sus productos, menos empleos y menos recaudación tributaria para el Estado. Esto pone en riesgo la sostenibilidad de muchas pequeñas empresas que dependen del abastecimiento a estos negocios», advirtió Torres.
El cierre de bodegas no solo tiene un impacto económico directo en los propietarios y sus familias, sino que también afecta a todo el ecosistema empresarial que depende de estos pequeños comercios. Desde los proveedores de productos básicos hasta las empresas de transporte y distribución, todos se ven perjudicados por la desaparición de estos puntos de venta.
«El sector bodeguero es fundamental para el desarrollo económico y social de las comunidades. Si no se toman medidas urgentes para frenar esta ola de extorsiones, muchas otras pequeñas empresas podrían seguir el mismo camino. Es crucial que el Estado y el sector privado trabajen juntos para fortalecer la seguridad y la confianza en el mercado», afirmó.
La reducción de la oferta de bienes y servicios en los barrios más afectados puede llevar a un incremento de precios, limitando el acceso de los consumidores a productos esenciales y afectando el bienestar de las comunidades.
Torres destacó la importancia de brindar apoyo y asesoría a los empresarios afectados. «No se pueden dejar solos a los bodegueros en esta lucha. El gobierno debe implementar estrategias de acompañamiento y protección, como la formación en medidas de seguridad y el acceso a financiamiento para aquellos que han tenido que cerrar sus negocios y buscan reinsertarse en el mercado», concluyó Torres.
La desaparición de estos negocios genera un entorno de desconfianza e incertidumbre que desincentiva la inversión en nuevas microempresas y emprendimientos. El miedo a ser víctima de extorsiones o a que el negocio fracase por la inseguridad genera un clima adverso para el crecimiento económico local.
