A punto de cumplirse un año de su detención, las investigaciones contra Andrés Avelino Hurtado Grados, conocido como ‘Chibolín’, avanzan bajo la supervisión del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. En los días recientes, el Poder Judicial dispuso el levantamiento del secreto bancario y tributario no solo de Hurtado, sino también de la fiscal superior suspendida Elizabeth Peralta y los empresarios Javier Miu Lei e Iván Siucho, todos bajo la lupa por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico.
La Fiscalía, que además indaga a Hurtado por lavado de activos, amplió el círculo de investigación con la citación a 21 personas. Entre los nuevos citados figuran el futbolista argentino nacionalizado peruano Tiago Cantoro, cuya declaración se enfocará en su proceso de nacionalización ante la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Además, la directora de la revista VIP Diplomática, Ana Altamirano García, ha sido llamada a explicar su vínculo con Hurtado, y el humorista Jorge Benavides deberá informar sobre la compra de un vehículo considerado relevante en la pesquisa.
Busca proceso en libertad
Desde el pabellón 5 del penal de Lurigancho, Hurtado Grados envió un manuscrito dirigido al Tribunal Constitucional en el que solicita una revisión detallada de su expediente. “Suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga”, escribió el investigado.
En el escrito remitido, Hurtado argumenta que se enfrenta a una acusación por “tráfico de influencias en cadena” que no tendría sustento legal. Su abogado, Elio Riera, sostiene que buscará el archivo del caso alegando que la figura penal planteada por el Ministerio Público no tiene reconocimiento en la legislación vigente: “El problema es que cuando la Fiscalía incorpora al Dr. Salyrosas y a la Dra. Bailón plantea una hipótesis de tráfico de influencias en cadena, lo cual no es punitivo, no es sancionado penalmente”.
