El presidente Donald Trump declaró el inglés como el idioma oficial de Estados Unidos. Según informó la Casa Blanca, el mandatario firmó este sábado la orden ejecutiva. La medida no exige, por ahora, cambios en los programas federales, pero representa un triunfo para el movimiento que promueve el uso exclusivo del inglés en el país, que ha estado vinculado a iniciativas para restringir la educación bilingüe y la inmigración.
La orden revoca un mandato establecido durante la administración de Bill Clinton, que exigía a agencias y organizaciones que reciben fondos federales y brindan asistencia en otros idiomas. Sin embargo, permite que las entidades gubernamentales mantengan sus políticas actuales y continúen ofreciendo documentos y servicios en distintos idiomas si así lo deciden.
En 2006, el Senado aprobó un proyecto de ley para declarar el inglés como idioma nacional, pero la medida no avanzó en la Cámara de Representantes. Otros intentos legislativos han enfrentado oposición debido a preocupaciones sobre la exclusión de comunidades de inmigrantes y las dificultades que enfrentarían quienes aún están aprendiendo el idioma.
Poco después de asumir la presidencia en 2017, la Casa Blanca eliminó la versión en español de su sitio web oficial. Aunque en ese momento se aseguró que se restablecería, la página no volvió a estar disponible hasta que el presidente Joe Biden asumió el cargo en 2021.
La declaración del inglés como idioma oficial podría afectar, sin duda alguna, a gran parte de la población estadounidense. Según datos del Censo de ese país, aproximadamente 41 millones de personas en el país hablan español en casa, lo que representa cerca del 13% de la población. Además, millones de residentes hablan otros idiomas, como chino, tagalo, vietnamita y árabe.
La posible restricción en la disponibilidad de documentos oficiales en otros idiomas podría generar barreras adicionales para quienes aún están aprendiendo inglés, especialmente en el acceso a servicios gubernamentales esenciales como atención médica, educación y asistencia social. Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten que esta medida podría dificultar la integración de nuevas comunidades en la sociedad estadounidense.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, declaró en 2017 que la eliminación de recursos en español en plataformas gubernamentales era una señal de exclusión. «El acceso a la información en español es una necesidad para millones de ciudadanos y residentes en este país. Negar estos recursos no solo es innecesario, sino también perjudicial», afirmó en su momento.
Por otro lado, los partidarios de la orden ejecutiva argumentan que establecer el inglés como idioma oficial fomentará la unidad nacional y alentará a los inmigrantes a aprender el idioma más rápidamente, facilitando su integración en la sociedad y el mercado laboral.
Un cambio con implicaciones políticas y sociales
Más allá de su impacto práctico, la orden ejecutiva de Trump también tiene un fuerte componente político. Según The Wall Street Journal, esta medida podría fortalecer su base de apoyo entre votantes que favorecen políticas más restrictivas hacia los inmigrantes, particularmente en los sectores más conservadores del país.
Trump enfatizó en múltiples ocasiones la importancia de proteger la cultura estadounidense y ha criticado la promoción del multiculturalismo dentro del gobierno.
Sin embargo, la medida también podría profundizar la polarización en un país donde la diversidad lingüística es una característica central de su identidad. Organizaciones de derechos civiles han señalado que imponer el inglés como idioma oficial sin excepciones podría ser visto como un intento de marginar a ciertos grupos y limitar su acceso a derechos básicos.
Si bien el inglés es el idioma predominante en Estados Unidos, la ausencia de una ley federal que lo declara oficial ha permitido la coexistencia de múltiples lenguas en la administración pública y los servicios gubernamentales. La firma de esta orden ejecutiva marcaría un cambio significativo en la política lingüística del país, con efectos a largo plazo en la educación, el acceso a servicios y la participación cívica de millones de personas.
