El 73% de los rusos, según datos preliminares, aprobaron este miércoles una reforma constitucional del presidente Vladimir Putin, que según sus detractores servirá para perpetuar su control sobre Rusia después de veinte años en el poder.
Los resultados preliminares se basan en los datos del 26.55% de los centros de votación repartidos en el inmenso territorio ruso y fueron difundidos por la Comisión Electoral Central.
Tras una semana de votaciones, los últimos centros cerraron a las 20H00 locales (18H00 GMT) en el enclave de Kaliningrado.
Entre las reformas constitucionales pedidas por Putin, figura en especial una que le abre la vía para permanecer en el poder hasta 2036.
La votación estaba prevista en abril, pero se aplazó debido a la pandemia de coronavirus. Para evitar un exceso de afluencia a los colegios electorales sin por ello afectar a la participación, la consulta se llevó a cabo del 25 de junio al 1 de julio.
Putin votó en Moscú por la mañana, sin mascarilla, a diferencia de un asesor. La participación era de 56,28% a las 08H00 GMT.
Se veía venir
No había muchas dudas sobre el resultado del referéndum porque las reformas ya habían sido aprobadas por el poder legislativo al comienzo de este año y además el nuevo texto de la Constitución ya estaba en venta en las librerías.
El martes, Putin se dirigió a los 110 millones de votantes para pedirles que garanticen la «estabilidad, la seguridad y la prosperidad» de un país que presume de haberse reconstruido después del caos que siguió a la caída de la Unión Soviética.
«La soberanía de Rusia depende de nuestro sentido de responsabilidad», agregó.
Putin no hizo referencia a la enmienda más significativa, la que le permite permanecer en el Kremlin hasta 2036, el año en que cumplirá 84 años.
Según el derecho vigente, debería dejar la presidencia en 2024, al final del mandato actual.
En junio juzgó necesario este cambio para que el país no se pierda en «una búsqueda de posibles sucesores». Otras reformas introducen principios conservadores y patrióticos.
Éxito a medida
Los detractores del Kremlin, sobre todo su principal opositor Alexéi Navalni, no han hecho campaña debido al confinamiento y porque consideran que el referéndum es fraudulento y su único objetivo es garantizar a Putin «una presidencia de por vida».
La votación se dio en un momento en el que la popularidad del presidente ruso cae, tras una criticada reforma de las pensiones y la crisis del coronavirus.
De mayo de 2018 a junio de 2020, su tasa de aprobación medida por el instituto independiente Levada bajó de 79% a 60%.
Según las voces más críticas, las autoridades han usado artimañas para garantizar el éxito y una alta participación.
Lo más insólito fue la instalación de mesas de votación al aire libre, en patios, en campos deportivos o de ocio, sin respetar el secreto del voto ni la vigilancia adecuada de las urnas.
La finalidad, según la oposición, no es proteger al electorado del nuevo coronavirus, sino lograr un resultado a medida.
Golos, ONG especializada en la observación de las elecciones, denunció presiones a funcionarios y de las empresas a sus empleados para que vayan a votar. También documentó casos de electores que realizaron múltiples votos.
«Cuando la Constitución se vota sobre el tocón de un árbol o en el maletero de un coche, no parece serio», reconoció a la AFP un asesor de un colegio electoral en el noroeste de Rusia que pidió el anonimato.
Conservadurismo
«Algunos votantes nos dijeron claramente que en su trabajo les obligaron a venir», agregó.
Sobre este asunto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, mencionó «problemas aislados», pero dijo que no «amenazan la credibilidad del resultado».
Aparte de la cuestión de los mandatos, las enmiendas refuerzan algunas prerrogativas presidenciales, como los nombramientos y el despido de jueces.
Y se incluyen otras medidas, como la inclusión en la Constitución de la «fe en Dios» y el matrimonio como institución heterosexual.
También se añaden principios sociales como la garantía del salario mínimo y la revisión de las pensiones según la inflación.
Se incorpora en el texto a los niños como «la prioridad más importante de las políticas públicas», a los que el Estado debe inculcarles «patriotismo, civismo y respeto por los ancianos».
