Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes del estado de Misisipi busca establecer el «Programa de Cazadores de Recompensas Certificados», una iniciativa que permitiría a particulares recibir un pago de 1.000 dólares por la captura y entrega de inmigrantes indocumentados. La propuesta, impulsada por el representante Justin Keen, se alinea con las políticas migratorias del presidente Donald Trump y está generando un intenso debate a nivel nacional.
Según Keen, la medida tiene como fin garantizar la seguridad de las comunidades de Misisipi ante la presunta amenaza que representan inmigrantes sin documentación legal. «Esta legislación busca ayudar a las autoridades a hacer cumplir las leyes de inmigración y proteger a nuestros ciudadanos», afirmó en un comunicado. El fiscal de distrito del condado de DeSoto, Matthew Barton, apoyó la propuesta al considerarla un paso esencial para reforzar la aplicación de las leyes migratorias.
De acuerdo con el texto presentado, el programa ofrecería una recompensa de 1.000 dólares por cada deportación exitosa facilitada por los cazadores de recompensas registrados. Los fondos para financiar esta iniciativa provendrán de la asamblea general del estado y serán administrados por el tesorero de Misisipi a partir del 1 de julio.
La propuesta también tipifica como delito grave la invasión de propiedad privada por parte de inmigrantes sin documentos. En caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, salvo por indulto del gobernador o fallecimiento del acusado. La pena podría ser suspendida si las autoridades federales toman custodia del individuo y lo deportan en un plazo de 24 horas. Además, se contempla la recolección obligatoria de muestras de ADN de los detenidos.
El proyecto de ley surge en el marco de las recientes políticas migratorias de la administración Trump, quien, tras asumir el cargo, emitió órdenes ejecutivas para fortalecer la seguridad fronteriza, incrementar las deportaciones y eliminar programas de apoyo a inmigrantes. Las medidas incluyen redadas en refugios, iglesias y escuelas, lugares que anteriormente eran considerados seguros para los inmigrantes.
La propuesta de Misisipi ha generado críticas de diversos sectores, que la consideran una medida extrema y discriminatoria. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido que podría fomentar la persecución y violación de derechos fundamentales de las personas migrantes.
El proyecto de ley aún debe ser debatido en el Congreso estatal, donde se determinará si será aprobado o rechazado. Mientras tanto, la iniciativa sigue provocando un intenso debate sobre la legalidad y la moralidad de este tipo de medidas en la política migratoria estadounidense.
