La Policía de Brasil recomendó este jueves 21 de noviembre inculpar al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro por tentativa de «golpe de Estado», con el fin de impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022.
La institución acusa a 37 personas, entre ellos varios militares de alto rango, por los delitos de «abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y asociación ilícita», según informó en una nota.
Jair Bolsonaro, que gobernó el país entre 2019 y 2022, está entre los señalados por la Policía Federal, así como algunos generales, antiguos ministros y exasesores de su Gobierno.
En la lista está Walter Braga Netto, general de la reserva del Ejército y quien fue ministro de la Presidencia y de Defensa, además de candidato a vicepresidente como fórmula de Bolsonaro en 2022; y Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina.
La investigación constató la existencia de una trama que actuó «de forma coordinada», tras las elecciones de 2022, para «intentar mantener» a Bolsonaro en el poder.
Bolsonaro dice que la acusación nace de la «creatividad» del juez De Moraes
Tras conocerse la acusación en su contra, Bolsonaro la atribuyó a la «creatividad» de un juez del Tribunal Supremo.
«El magistrado Alexandre de Moraes conduce toda la investigación, ajusta los testimonios, arresta sin denuncia, lanza redes para pescar posibles pruebas y tiene una asesoría bastante creativa», afirmó Bolsonaro en un comunicado.
Bolsonaro agregó que la acusación ahora tendrá que ser analizada por la Procuraduría General de la República, ante la cual sí tendrá la oportunidad de defenderse.
«Tengo que ver qué dice esa acusación. Voy a estudiarla con el abogado. Pero eso obviamente pasará por la Procuraduría, en donde comienza la lucha. No puedo esperar nada de un equipo (de investigadores de la Policía Federal) que usa la creatividad para denunciarme», afirmó.
Una trama de magnicidio
Esta misma semana, las autoridades brasileñas detuvieron a cuatro militares y un agente de la Policía Federal acusados de idear un plan para el magnicidio de Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin, y el juez del Supremo Alexandre de Moraes, instructor de la causa.
El objetivo, según la investigación, era asesinar a Lula y Alckmin y crear un «comité de crisis» integrado por militares afines a Bolsonaro. Los planes barajaban el envenenamiento como forma de segar la vida de la fórmula que ganó los comicios de 2022.
Uno de los arrestados en esa operación fue el general de la reserva Mario Fernandes, quien figura en la lista de denunciados divulgada este jueves por la Policía.
El informe final de la Policía Federal, que tiene más de 700 páginas, fue enviado a la Corte Suprema, que supervisa el caso.
En el documento se recoge que los investigados «se estructuraron» en diferentes núcleos para llevar a cabo el golpe. Eran grupos con tareas como difundir mentiras, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas; ejecutar los planes golpistas y hasta uno de inteligencia.
El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, se encargará ahora de analizar el informe policial y presentar o no ante el Supremo una denuncia formal contra los investigados.
Al respecto, Lula reaccionó este jueves y agradeció «estar vivo».
«Primero, agradecer porque estoy vivo» después de «ese intento de envenenarme», dijo el presidente en un acto con empresarios.
Un asalto a las sedes de poderes
Lula ganó por un estrecho margen las elecciones de octubre de 2022 ante el líder de la extrema derecha brasileña, que nunca reconoció su derrota.
A partir de ahí ocurrieron una serie de graves incidentes que intentaron impedir la investidura del dirigente progresista, lo que terminó ocurriendo el 1 de enero de 2023.
Hubo bloqueos de camioneros en carreteras, campamentos delante los cuarteles pidiendo una «intervención militar» y graves disturbios en Brasilia, incluyendo un intento de atentado con explosivos en un camión cisterna cerca del aeropuerto de Brasilia.
El colofón ocurrió el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de activistas de extrema derecha invadieron y destrozaron las sedes de la Corte Suprema, el Congreso y la Presidencia, a fin de incitar a los militares a salir a las calles para derrocar al líder progresista.
Durante ese año, Bolsonaro y su entorno más próximo fueron objeto de diversas operaciones policiales. En una de ellas fue encontrado un borrador de decreto presidencial para anular el resultado de las elecciones de 2022 e intervenir el Tribunal Superior Electoral, órgano encargado de organizar los comicios.
Bolsonaro siempre ha negado esas acusaciones y se ha declarado un perseguido de la Justicia.
