Expertos no ven factible la propuesta de forzar al sector privado a mayores aportes al fisco en un clima de bajo consumo, elevada inflación y alta carga impositiva. El deseo de aumentar los aportes a pensionados “excede la capacidad financiera” del Estado, dicen.
La idea del presidente Nicolás Maduro, de obligar por ley a los empresarios de Venezuela a que entreguen cada mes a su gobierno “un aporte especial” de sus ganancias para mejorar las pensiones de más de 5 millones de ciudadanos, representará una carga adicional a lo que ya es un “infierno fiscal” para los privados en un contexto de apuros económicos, según analistas.
En el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajador, Maduro no sólo aumentó 30 dólares a las bonificaciones indexadas a la tasa de cambio oficial, que paga su gobierno mensualmente, sino que anunció que introduciría una nueva ley en el Parlamento para un nuevo aporte empresarial al Estado venezolano de cara a “mejorar” las pensiones en el país.
Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, entregará el proyecto de “ley especial de los aportes de los empleados para la protección de las pensiones frente al bloqueo imperialista”, como llama el gobierno nacional a las sanciones económicas de Estados Unidos, adelantó.
Según Maduro, los empresarios venezolanos harán “un aporte único especial mensual de acuerdo con sus ingresos netos” para crear un nuevo fondo que servirá para “mejorar las pensiones del país y los ingresos de los pensionados de manera significativa”, dijo.
El Seguro Social de Venezuela, reformado durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, en 2008, se sostiene por ley con los aportes mayoritarios de los patronos y, en menor medida, de millones de trabajadores de los sectores público y privado.
Una de las banderas sociales de Chávez fue la inclusión de cientos de miles de venezolanos mayores de 60 años, en el caso de los hombres, y 55 años, en el caso de las mujeres, en el Seguro Social. Actualmente, reciben 130 bolívares al mes, equivalentes a 3,5 dólares.
Por ello, la propuesta es “una inmensa contradicción dentro del chavismo”, valora el economista y director de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti.
Una de las proclamas principales de Chávez era que finalmente se hacía justicia social a los pensionados, que hoy son más de 5 millones, estiman expertos independientes.
Según Grisanti, Maduro admitió con su iniciativa que “no puede echar el carro él solo” en lo presupuestario y le exige al sector privado que “vuelva a meterse la mano en los bolsillos” para mejorar los montos de millones de pensiones.
Voceros de los empresarios venezolanos de múltiples sectores, como el comercio y la agricultura, han denunciado la alta carga tributaria que deben periódicamente en un contexto de dificultad económica, luego de una década de caída del producto interno bruto, el desplome del consumo y largos ciclos de una de las inflaciones más altas del mundo.
El 59 % de los empresarios de Maracaibo, una de las ciudades principales del país, incluyó su carga impositiva entre los principales obstáculos para la mejoría de sus actividades, en una encuesta divulgada por la Cámara de Comercio de esa urbe, capital del estado Zulia.
Entre los impuestos al sector privado, se encuentran los aportes al Seguro Social, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta.
De acuerdo con estimaciones independientes, un empresario promedio debe destinar más del 50 % de sus ganancias al pago de impuestos en Venezuela.
En febrero, Maduro eliminó las exenciones tributarias, dejando vigentes sólo «una o dos» para el sector salud. También, reveló que quería duplicar la recaudación tributaria del año, hasta los 10.000 millones de dólares.
“Infierno fiscal”
La presión tributaria de los empresarios venezolanos “es un infierno fiscal” que aumentaría con esta nueva propuesta, advierte el economista y científico de datos, Giorgio Cunto.
De acuerdo con el experto, el sistema de seguridad social y pensiones “está prácticamente destruido” porque “no tiene capacidad financiera” para hacer frente a la elevada inflación nacional, cuya ralentización en el primer trimestre el gobierno ha celebrado.
El gobierno se enfrenta a “un drama” en su deseo y necesidad de elevar el ingreso mínimo para millones de trabajadores públicos y pensionados a niveles “decentes”, que al menos sea suficiente para cubrir los 554 dólares al mes de la canasta básica alimentaria, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (Cendas-FVM).
Este miércoles, Maduro denunció que Venezuela había dejado de ingresar 2.000 millones de dólares entre enero y abril de este año por las sanciones económicas extranjeras.
Estados Unidos revirtió en abril un aliviamiento de sus sanciones a la industria de petróleo y gas de Venezuela, antes pulmón de la economía nacional y su principal aporte de divisas, alegando que el gobierno de Maduro no demostró avances en sus compromisos para realizar una elección presidencial libre y justa, convocada para el 28 de julio.
Cunto, por su parte, insiste en que la idea de aumentar las pensiones en el país “excede la capacidad financiera” actual del poder ejecutivo que preside Maduro.
“Incluso cuando la recaudación tributaria no petrolera ha crecido, todavía no cubre las necesidades financieras del Ejecutivo y dudo que este nuevo aporte sea suficiente para elevar sustancialmente las pensiones”, comenta.
Si los eventuales aumentos de las pensiones son pagados con emisión monetaria -dinero inorgánico sin un respaldo sólido con activos tangibles-, pude haber de nuevo “presión inflacionaria”, es decir, aumentarán los precios de bienes, productos y servicios en el país, estima el economista.
Grisanti, por su lado, no cree factible que el sector privado corra con la carga de las pensiones en Venezuela, como anhela el chavismo gobernante.
La coyuntura de las garantías sociales al adulto mayor termina siendo «producto del mal diseño de la política” del gobierno, opina, reprochando que se intente “sacar medidas del sombrero sin ninguna planificación”.
* Tomado de La Voz de América
