El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de Sacaba, Bolivia, ordenó este viernes la liberación inmediata de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, en el marco del proceso que la acusaba de genocidio y genocidio en grado de tentativa, delitos por los cuales la Fiscalía solicitaba 30 años de prisión.
Áñez se encuentra detenida desde marzo de 2021, tras ser arrestada en la ciudad de Trinidad y trasladada a la prisión de Miraflores, en La Paz. Entre los cargos que ha enfrentado se incluyen terrorismo, sedición, conspiración y genocidio, relacionados con los hechos ocurridos a finales de 2019.
La resolución del tribunal establece que la liberación deberá cumplirse “siempre que la acusada no esté detenida por otra causa”. En este momento, Áñez permanece recluida, debido a que en junio de 2022 fue condenada a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.
Procesos por golpe de Estado y represión de protestas
Áñez asumió la presidencia tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019. Durante su interinato, enfrentó procesos penales vinculados con los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.
Uno de los casos más relevantes, conocido como caso Senkata, se centra en las protestas antigubernamentales en Senkata, Huayllani (La Paz), Sacaba (Cochabamba) y Betanzos (Potosí), donde 36 personas murieron y más de 800 resultaron heridas por la represión de las fuerzas del orden. También se documentaron detenciones arbitrarias, torturas y restricciones a la libertad de expresión y reunión, según informes de la Defensoría del Pueblo y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
Controversia por el ascenso al poder
Tras la renuncia de Morales, Áñez se proclamó presidenta interina de forma ilegal, ya que todos los cargos del Movimiento al Socialismo (MAS) que la precedían habían renunciado. Inicialmente prometió convocar a nuevas elecciones, pero posteriormente anunció su candidatura presidencial, la cual retiró en septiembre de 2020 ante la caída de su popularidad.
Las acciones previas a su llegada al poder han sido calificadas como golpe de Estado, generando múltiples procesos penales contra Áñez y varios exministros de su gobierno. En junio de 2024, durante un intento de sublevación militar, uno de los reclamos principales de los militares era precisamente su liberación.
