El Gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, ha puesto en marcha un amplio programa que involucra a miles de presos en labores productivas. Los internos participan en la limpieza de calles y playas, el mantenimiento de hospitales y escuelas, la construcción, así como en talleres mecánicos y textiles, con el objetivo de reducir costos al Estado y fomentar su rehabilitación.
Uno de los proyectos más emblemáticos se desarrolla en el centro de formación laboral La Esperanza. Desde allí, unos 6.600 reclusos son trasladados al complejo industrial de Santa Ana, donde operan un taller textil que produce alrededor de 600.000 prendas mensuales en tres turnos que cubren las 24 horas del día. Entre lo confeccionado figuran los uniformes de los propios internos, la ropa hospitalaria y, próximamente, la indumentaria escolar de más de un millón y medio de estudiantes en todo el país.
En paralelo, el centro penal La Esperanza alberga un taller mecánico en el que trabajan unos 900 presos. Allí se ofrecen servicios de mecánica general, alineado y balanceo, aire acondicionado, pintura y tapicería. Los equipos operan de manera continua, incluso dando mantenimiento a vehículos policiales.
Estas iniciativas forman parte del Plan Ocio Cero Carcelario, lanzado en 2020 con apenas 147 participantes que realizaban tareas comunitarias en plena pandemia. Hoy, miles de reclusos se suman a actividades diversas que combinan formación, disciplina y aporte social.
El programa excluye a pandilleros y a quienes cumplen condena por delitos graves como homicidios o violaciones. Se dirige únicamente a reos con buena conducta y delitos menores, quienes además reciben capacitación laboral con miras a su futura reinserción.
Según un informe del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia (2023), estas experiencias no solo facilitan la rehabilitación de los privados de libertad, sino que también proveen productos y servicios de calidad a menor costo para el Estado.
