Los principales provincias petroleras y gasíferas de Argentina amenazan con cortar en pocos días el suministro al resto del país por una disputa de fondos federales con el presidente Javier Milei, cuyos ajustes fiscales impactan en los gobiernos locales.
«El miércoles no va a salir ni una gota de petróleo si no respetan de una vez por todas a las provincias y nos sacan el pie de encima», dijo el sábado Ignacio Torres, gobernador de Chubut (sur), a C5N.
Torres y sus pares de la región austral de la Patagonia (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa y Neuquén) anunciaron el viernes que «si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas», al referirse al cobro inconsulto de una deuda que ordenó Milei a esa provincia.
En un mensaje publicado por X mientras volaba hacia Estados Unidos, Milei trató de «degenerados fiscales» a los gobernadores que apoyaron el reclamo de Chubut, por un recorte de 13.500 millones de pesos (15,3 millones de dólares) en las transferencias mensuales que le corresponden al distrito por la recaudación de impuestos federales.
Argentina exporta crudo (39º del mundo) y gas (20º), e importa combustibles refinados para completar su consumo interno.
En 2022, la balanza energética llegó a un déficit de 12.000 millones de dólares, pero el gobierno estima un superávit de 3.300 millones para 2024, por la expansión del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en el oeste de la Patagonia.
«Nacho y sus cómplices»
Chubut -segunda mayor provincia productora de petróleo y gas después de Neuquén- recibió también el apoyo de nueve provincias administradas por aliados de centroderecha cuyos diputados frustraron este mes la aprobación de la «Ley Ómnibus» con la que el presidente aspiraba a introducir cientos de recortes fiscales y reformas ultraliberales.
«Nacho y sus cómplices», escribió Milei en X refiriéndose a Torres y al resto de los mandatarios, al recordarles un artículo del Código Penal que prevé hasta dos años de prisión a quien impida, estorbe o entorpezca el suministro de energía.
En la madrugada, en vuelo hacia Washington para asistir este mismo sábado a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la que participará el expresidente Donald J. Trump, el presidente hizo más de 300 referencias al conflicto en la red X.
«No te hagas problema, Nachito, lo vamos a resolver en la justicia», publicó Milei.
«Ojalá exista un canal de diálogo, el problema es que no sabés con quien hablar», respondió Torres horas después.
En un comunicado la Oficina del Presidente denunció el «despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere».
«50 millones de argentinos»
El ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó en X que el recorte de fondos federales obedeció al cobro de una deuda impaga de Chubut por 119.000 millones de pesos (134 millones de dólares), una situación que puede repetirse con otras 10 provincias que coparticipan impuestos y que también adeudan dinero al gobierno federal.
El gobierno explicó que, según el régimen del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, creado en 1995, debió descontar a Chubut una parte de la deuda que mantenía el distrito.
«No cumplir con los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país», sostuvieron los gobernadores no patagónicos que apoyaron el ultimátum de Chubut, a la que la Oficina del Presidente calificó como «amenaza chavista».
La coparticipación de impuestos federales en Argentina, aprobada por ley en 1988, otorga 42,34% al gobierno central, 56,66% se distribuye proporcionalmente entre las provincias de forma automática y 1% se dedica a aportes discrecionales del Tesoro nacional.
Las provincias cubren desde 26% (Ciudad de Buenos Aires) y hasta más de 90% (La Rioja y Formosa) de sus gastos con fondos coparticipables, según el centro de estudios CEPA.
La disputa de Milei con los gobernadores se desata una semana antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo, y en medio de un clima de crecientes protestas por la subida de precios y tarifas de servicios públicos y por el recorte de la asistencia a comedores comunitarios.
Desde su asunción, hace dos meses y medio, Milei emprendió amplias desregulaciones y draconianos ajustes fiscales como parte de su plan ultraliberal para combatir una pobreza que ya superó el 50% y una inflación de más de 250% interanual.
