La derogatoria del DL 1607, por parte del Congreso, la cual buscaba frenar la expansión de la minería ilegal en el país, fortalece a la criminalidad organizada, afirmó hoy la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Ángela Grosshein.
“El impacto es quitarle elementos y herramientas a la Policía Nacional para poder actuar y retirar a las personas que han invadido terrenos que se encuentran en actividades de concesión, exploración y explotación y justamente poder incautar los explosivos que causan muchísimo daño. Es sobre todo el impacto en gestión para poder luchar contra la criminalidad”, refirió.
Remarcó que los gremios empresariales están solicitando a todo el país, incluyendo al Ejecutivo y al Congreso, trabajar juntos en la lucha contra el crimen organizado, porque está en juego la vida de todos los peruanos.
“Es una gran preocupación porque la minería ilegal es la principal actividad ilícita hoy en el país, y está vinculada a actividades como el narcotráfico, entre otros. Tomar una medida de este tipo que en realidad lo que buscaba era luchar contra esas actividades ilícitas preocupa a todos los gremios”, manifestó.
Enfatizó que el DL 1607 permitía a la Policía incautar explosivos a las personas que no contaban como un permiso vigente para poder utilizarlos.
“Sabemos todo el daño que se pueden ocasionar con los explosivos si estos no se utilizan adecuadamente y adicionalmente también lo que buscaba la norma es que las actividades ilegales no se realicen en terrenos concesionados a terceros», afirmó.
Ángela Grosshein resaltó que la minería ilegal e informal representa hoy el 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI).
“Es mucho dinero lo que está en juego y que en realidad implica a toda una serie de actividades ilícitas. El hecho que se haya derogado esta norma lo que está implicando es que el Estado tenga menos elementos para poder luchar contra las actividades ilegales”, declaró a la Red de Comunicación Regional (RCR).
