El Bank of Nova Scotia, matriz de Scotiabank Perú, ha llevado su disputa con el Estado peruano a instancias internacionales, argumentando que el país ha influido en las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) en su contra.
El conflicto, que se remonta a la adquisición del Banco Wiese Sudameris en 2006, gira en torno a una deuda tributaria que se disparó por intereses moratorios, alcanzando más de 126 millones de dólares.
La entidad canadiense sostiene que el cobro de estos intereses es inconstitucional y que el Tribunal Constitucional peruano no garantizó un trato justo, tambipen acusa al Estado de presionar a los magistrados del TC y otorgar un trato preferencial a empresas peruanas en casos similares.
La controversia comenzó en 1999, cuando la Sunat detectó que el Banco Wiese Sudameris infló su crédito fiscal con operaciones ficticias de compra de oro, este caso incluso apareció en los ‘Vladivideos’, donde se evidenció la intervención de Vladimiro Montesinos para frenar el cobro de la deuda. Años después, tras la caída del régimen fujimorista, el caso fue reabierto y la justicia peruana falló en contra del banco.
Scotiabank pagó la deuda en 2013 y 2014, pero desde entonces busca recuperar el monto, alegando que los intereses impuestos son excesivos. En 2021, al ver que el Tribunal Constitucional no fallaría a su favor, el banco decidió llevar el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Perú.
Actualmente, el caso está en manos de un tribunal arbitral conformado por juristas de Estados Unidos, Suecia y Australia. Mientras se espera el fallo, este conflicto pone sobre la mesa un debate mayor: ¿hasta qué punto el sistema tributario peruano es justo con las grandes corporaciones?
