Las cifras oficiales de pobreza y pobreza extrema dadas a conocer por el INEI son una campanada de alerta sobre las consecuencias que arrastra la grave coyuntura económica en el país. No solo se requiere una urgente recuperación del crecimiento, y reactivar a sectores claves de la economía, sino también activar los programas sociales, con nuevos instrumentos, para atender a la mayor cantidad de la población peruana que la pasa muy mal y que no le alcanza para alimentarse.
El pitazo de alerta fue dado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que develó las cifras de pobreza y pobreza extrema en el país, las mismas que subieron a 29% y 5,7%, respectivamente, durante el 2023.
Según lo reportado por el INEI, durante el año pasado 9 millones 780 mil 540 peruanos están en situación de pobreza monetaria, en tanto que cerca de 2 millones de personas (1 millón 922 mil) viven en condiciones de pobreza extrema.
Los peruanos que están en esta situación tienen hambre, y sus menores ingresos no les alcanza para satisfacer la canasta básica de alimentos, que asciende a S/ 251 por persona.
Más pobres extremos que el año de la pandemia
Sobre la pobreza extrema, de 5,7% en el 2023, se evidencia que hay mayor número de personas en esta condición respecto al año 2020, el de la pandemia por Covid-19, cuando golpeó al 5,1% de la población peruana.
Las cifras de pobreza extrema en el mundo rural también son altas y se incrementó de 14,6% a 16,2% en el 2023, respecto a un año antes.
“Esta medición de la pobreza debe marcarnos una ruta para salir de ella, debe servir como una pista para tomar las decisiones adecuadas que permitan revertir esta grave situación en el país”, afirmó a Altavoz el economista, Javier Iguíñiz.
Y es que las cifras reflejan la dramática situación en la que viven las familias peruanas en el contexto de una magra recuperación de la economía peruana, y de un Ministerio de Economía y Finanzas al que le faltó argumentos para frenar la desaceleración económica en el 2023, año donde el PBI peruano registró un descenso de -0,6%, una de las mayores caídas de los últimos 25 años, exceptuando el año de la pandemia.
“Lo que nos dice las cifras es que la pobreza monetaria se incrementó. Ello asociado a los menores ingresos de las personas al comparar el 2019, año prepandemia, y el 2023”, precisa, Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
Y es que la caída del ingreso de las familias peruanas es mayor en Lima Metropolitana y Callao que en el resto urbano y las zonas rurales.
“El gasto real por habitante en Lima Metropolitana en soles constantes del 2023 es de S/ 200 menos que el que se hacía en el 2019, año prepandemia”, señaló Arnillas, al precisar que éste pasó de S/ 1.170 a S/ 968.
Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, afirmó a Altavoz que las cifras evidencian un empeoramiento de la situación de los indicadores sociales, y que esta situación ya se venía venir.
Los resultados de estos indicadores se explican porque el 2023 fue un muy mal año en lo económico, con un descenso de -0,6% en el PBI, con varios trimestres con cifras negativas, en recesión constante, sustentado en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, de diciembre 2022 y los primeros meses del 2023.
Pero también, señala Trivelli, por el problema climático que afectó a zonas claves para la reducción de la pobreza en actividades como agricultura, pesca, que aún se mantienen en una situación complicada.
¿Qué hacer?
La Sociedad Nacional de Industrias, expresó a través de un comunicado su preocupación por el incremento de la pobreza y demandó medidas efectivas para revertir esta lamentable situación.
“El Perú necesita crecer a tasas superiores al 4% para reducir los niveles de pobreza, por lo que hoy demandamos una vez más a los poderes Ejecutivo y Legislativo ejecutar medidas urgentes y efectivas de la mano del sector privado y con políticas económicas claras”, señaló la SNI, presidido por Jesús Salazar Nishi, en un urgente comunicado.
El economista, Javier Iguíñiz, consideró necesario dar impulso a sectores altamente generadores de empleo como el de Construcción y el de Agricultura y de Comercio, propiciando ingresos para los más jóvenes que ingresan al mercado laboral.
En tanto el gremio de industriales señala que la pobreza podría revertirse si orientamos los esfuerzos del país a evitar más crisis políticas y a resolver problemas estructurales como la inseguridad ciudadana y las actividades económicas ilegales, a destrabar proyectos privados y de infraestructura pública, pero también a garantizar estabilidad en la seguridad jurídica, para alentar las inversiones y evitar que el país sea cada vez menos confiable.
Carolina Trivelli, señaló que no haber recuperado el mercado laboral en años anteriores y mucho más en el 2023 es el centro del grueso en el incremento de la pobreza y pobreza extrema durante el año pasado, que está en las zonas urbanas, pero también en las rurales. “Es terrible porque no solo hay más personas en situación de pobreza, sino porque además la pobreza es hoy más profunda”, señaló.
Medidas de protección social
Desde su punto de vista, es importante recuperar los niveles de crecimiento, y asegurar que así sea poco o mucho, sea más inclusivo y que reactive a sectores relevantes para las familias en situación de vulnerabilidad, como Construcción, Agricultura, Comercio, Servicios, Turismo, entre otros.
Pero junto a ello, se requiere de un nuevo paquete de medidas de protección de asistencia social para ocuparse de esos cerca de 2 millones de peruanos que están en pobreza extrema y que no cubren sus elementales necesidades de alimentación.
“Para eso necesitamos instrumentales distintos que debería tener el MIDIS y otros sectores porque las características de la pobreza, que es con hambre, muy urbanizada, y con una pobreza extrema muy alta en el mundo rural, exige instrumentos distintos, programas sociales distintos e intervenciones distintas”, señaló Trivelli.
En todo este contexto, se debe apuntar a un paquete de políticas públicas, con un abanico de medidas reactivadoras, efectivas, como parte de la Política Económica y Fiscal, que estén orientadas a las familias en mayor condición de vulnerabilidad tanto en el área urbana y en las zonas rurales del país.
