El megapuerto de Chancay que implicó una inversión de US$ 1.300 millones en su primera etapa, y que fue inaugurado la semana pasada por los presidentes Xi Jinping y Dina Boluarte, sí será regulada y fiscalizada por el organismo regulador.
Así lo afirmó categóricamente la presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), Verónica Zambrano Copello.
Puedes ver: Mira la entrevista a Verónica Zambrano Copello en Altavoz en Vital FM.
Durante una entrevista concedida al programa Altavoz en Vital FM y retransmitida por Trivu TV, la autoridad confirmó que Cosco Shipping Ports Chancay interpuso una demanda judicial para que el juez ordene al OSITRAN se abstenga de ejercer sus funciones de regulación, supervisión y fiscalización en el nuevo terminal.
Aunque dijo que reiteradamente buscaron reunirse con los ejecutivos de Cosco Shipping Ports para explicar el mandato de la ley que les faculta realizar esas funciones, el operador privado se ha negado a cualquier encuentro formal para deliberar sobre el tema.
La audiencia donde se verá la controversia entre Cosco Shipping Ports y OSITRAN fue fijada por el Juzgado Civil de Chancay para este viernes 22 de noviembre. Así lo confirmó la titular de la entidad reguladora.
De otro lado, Zambrano dijo que la operación entre los terminales portuarios del Callao, APM Terminals y Dubai Ports y el de Chancay generará competencia y la confirmación de ello será a través de un estudio que debe ser elaborado por el Indecopi.
De confirmar la competencia, dijo que no se aplicaría las acciones regulatorias en cuanto a tarifas, pero el nuevo terminal de capital chino y peruano sí deberá someterse a la fiscalización, como ocurre con los otros terminales portuarios del país.
Verónica Zambrano afirmó categóricamente: “vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que OSITRAN fiscalice el puerto de Chancay”.
La autoridad anotó que de ser desfavorable la decisión judicial en Chancay, apelarán y que incluso llegarán hasta el Tribunal Constitucional en defensa de la autoridad de la entidad reguladora, en función de los usuarios.
