La concesionaria Lima Airport Partners (LAP), que administra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) desde 2001, calcula que transferirá más de US$ 8.000 millones al Estado peruano entre 2025 y 2041, cuando venza su contrato actual. Sin embargo, el destino permanece sin esclarecerse para la compañía, informó Gestión durante la convención INFRACON 2025.
De acuerdo con la información presentada por Rocío Espinoza, gerenta de Comunicaciones de LAP, la concesionaria ya entregó unos US$ 3.480 millones al Estado entre pagos de impuestos y retribuciones desde el inicio de la concesión. Destacó que, actualmente, el 46,51% de los ingresos de LAP se dirige a entidades estatales. Del total, el 50% de los ingresos por aterrizaje y despegue va a Corpac, el 20% del TUAA Internacional también lo recibe esta empresa pública, y Ositran percibe el 1% de los ingresos por tasa regulatoria, mientras que el resto corresponde a impuestos.
Desde 2007, la distribución de estos pagos alberga un componente clave: el 2% de todas las retribuciones se transfieren al Fondo de Promoción de la Inversión Privada (FONCEPRI) y el 98% restante se dirige al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargado de gestionar un fideicomiso administrado por COFIDE, bajo indicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
“Tanto LAP como el público en general desconocemos cómo se administra el fideicomiso”, reconoció Espinoza, citada por Gestión. Según la ejecutiva, la transparencia en el uso de estos recursos es limitada, pues el MTC no proporciona informes formales sobre su destino ni reutilización, ni siquiera a la misma concesionaria.
¿Qué dice el MTC?
Consultados por el medio, el viceministro de Transportes, Ismael Sutta, explicó que el dinero recaudado se usa para inversiones en aeropuertos concesionados fuera de la capital, aunque no detalló las actividades ni proyectos específicos. Según el MEF, el monto acumulado en el fideicomiso alcanza los US$ 611 millones.
Al respecto, Verónica Zambrano, presidenta del Ositrán, explicó que el contrato de concesión de LAP no obliga al Estado a transparentar el destino de los fondos, pero sí a rendir cuentas sobre los recursos públicos. “LAP, como cualquier ciudadano, podría solicitarlo por acceso a la información”, afirmó.
