La agencia S&P Global Ratings anunció el jueves pasado una rebaja en la calificación crediticia soberana a largo plazo de Perú, reduciéndola de ‘BBB’ a ‘BBB-‘, citando la fragmentación en el Legislativo y las investigaciones en curso sobre la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en el caso conocido como ‘Rolexgate’.
Según S&P, se espera una recuperación económica moderada para Perú entre 2024 y 2025, después de una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) real el año pasado. Sin embargo, los desafíos políticos actuales representan un costo de oportunidad para el crecimiento y limitan la capacidad del país para reconstruir su espacio fiscal.
La calificadora señaló que la fragmentación en el Congreso y el limitado capital político del gobierno están afectando la confianza de los inversionistas, aunque la perspectiva de la calificación a largo plazo se mantiene estable. Esto ha generado críticas, como las del legislador Carlos Anderson, quien cuestionó la gestión del Ejecutivo ante esta caída.
La calificación ‘BBB-‘ es el último escalón dentro del grado de inversión, aunque se considera de riesgo moderado bajo. Sin embargo, indica una mayor susceptibilidad a las condiciones económicas adversas en comparación con calificaciones más altas.
Esta no es la primera vez que Perú recibe una calificación ‘BBB-‘ de S&P, ya que la recibió en julio de 2008 y nuevamente en agosto de 2011. Estas acciones reflejan la incertidumbre sobre la estabilidad institucional del país y su capacidad para preservar políticas económicas esenciales, según la agencia.
Otras calificadoras, como Fitch Ratings, también han modificado su perspectiva sobre Perú a negativa, citando problemas similares de estabilidad política y eficiencia gubernamental. En el contexto regional, la economía peruana es vista como una de las menos favorables, solo por encima de Argentina, según encuestas recientes.
