La gran mayoría de resultados de primera instancia en un proceso laboral son confirmados en la segunda instancia. Así lo señala la investigación denominada “Juicios Laborales 2025: situación actual, tendencias y retos” elaborada por la firma experta en temas laborales Vinatea & Toyama.
De acuerdo con los cálculos del estudio, 75% de las sentencias de primera instancia son confirmadas en segunda instancia, solo 15% se revocan y 10% se anulan.
Según el informe, si bien un resultado desfavorable podría revertirse en instancia de casación, sin embargo, esta es una etapa excepcional a la que muy pocos casos acceden y, muchos menos, logran revertir el resultado. “Esto indica que revertir una decisión desfavorable es muy difícil, lo que subraya la importancia de una estrategia sólida desde la primera fase del proceso”, señala el estudio.
El informe enfatiza en que el porcentaje de confirmaciones de sentencias de primera instancia varía según distrito judicial y tipo de órgano que revisa en segunda instancia, que podría ser un Juzgado Especializado (en el caso de las demandas iniciadas en Juzgados de Paz Letrado), o una Sala Superior (en el caso de demandas iniciadas en Juzgados Especializados).
“Por ejemplo, en el distrito judicial de Lima las tasas de confirmación de los Juzgados Especializados, como órganos de segunda instancia, son del 64%, relativamente más bajas que el promedio nacional. Otros distritos judiciales representativos y con porcentajes similares de confirmación son Arequipa (64%), Lambayeque (68%), Lima Sur (60%) y Callao (61%). Caso distinto es el de Piura (87%), La Libertad (86%), Lima Norte (76%) y Del Santa (80%)”, afirma el informe.
Según la investigación, estos porcentajes podrían llegar a ser un indicador de la calidad de los pronunciamientos de primera instancia. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que existen otros factores que podrían influir, como la diversidad de criterios entre los órganos de segunda instancia respecto de la primera; así, a menor diversidad, es más probable que se tenga una mayor tasa de confirmación.
Temas más litigados
El informe señala que las demandas laborales contra empresas privadas que ingresaron a los Juzgados Especializados como órganos de primera instancia en el 2024 se concentran en materias como pago de remuneraciones y beneficios sociales (34%), impugnación de despidos y desnaturalización de contratos, que suelen solicitar reposición o indemnización por despido (31%) y daños y perjuicios (12%).
El estudio también analiza los impactos de dos de las reformas más recientes a la justicia laboral: la Ley 31699, que reformó el recurso de casación laboral, y la Ley 32155, que reformó la competencia de los Juzgados de Paz Letrados y de los Especializados para la materia laboral.
Respecto de la primera, el documento revela que la cantidad de expedientes ingresados a la Corte Suprema en casación laboral después de la reforma ha disminuido en un 40%, lo que genera que los procesos laborales concluyan más rápido.
Y respecto de la reforma a las competencias de los Juzgados de Paz Letrados y de los Juzgados Especializados, el informe indica que también han hecho más rápida la resolución de casos de ciertos tipos de trabajadores y de conflictos, aunque limitará su acceso a la revisión de un órgano colegiado. “En especial, los procesos judiciales relacionados con trabajadores de ingresos más bajos o relaciones laborales de breve duración serán los que se verán impactados por esta reforma”.
Retos de la justicia laboral
El informe concluye que uno de los principales retos para mejorar la justicia laboral es que el Estado haga una evaluación de la verdadera carga procesal que implican los juicios de los trabajadores de las entidades públicas. “Estos estarían generando al menos el 40% de la carga procesal laboral del Poder Judicial, a pesar de que los trabajadores públicos solo son el 20% de los dependientes a nivel nacional”, puntualiza.
Asimismo, indica que, a pesar de la relativa celeridad en la resolución de juicios en primera y segunda instancia, la carga procesal en la etapa de ejecución de sentencias ha crecido de manera alarmante, representando más del 50% del total de los casos laborales en trámite.
“Este problema es una amenaza para la litigación efectiva y puede generar una sensación de ineficacia en la justicia laboral”, puntualiza.
Finalmente, resalta que la existencia de criterios dispares en los órganos jurisdiccionales, la falta de jueces titulares y la ausencia de mecanismos eficientes para la difusión de decisiones que afectan el desarrollo de los procesos, son factores que pueden generar incertidumbre en las partes y es un aspecto de mejora pendiente.
