En una medida que busca beneficiar a miles de peruanos, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un dictamen que establece plazos más cortos para regularizar la información crediticia de los consumidores en Infocorp y otras centrales de riesgo. La norma fue aprobada el pasado 7 de enero y representa un avance significativo en la defensa de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
La medida modifica dos importantes leyes:
- Ley 28587, Ley complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros.
- Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
El dictamen propone que, una vez que el deudor haya cancelado su deuda pendiente, la entidad financiera deberá emitir una constancia de regularización en un plazo de siete días hábiles desde la solicitud del cliente. Durante este mismo período, la entidad está obligada a informar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para que se actualice el reporte correspondiente.
Además, mientras se completa este proceso, los consumidores podrán solicitar que la SBS notifique directamente a las centrales de riesgo y al sistema financiero sobre su estado actualizado.
La implementación de esta norma asegura que, en total, el tiempo para corregir el historial crediticio en las centrales de riesgo no exceda los nueve días hábiles, brindando mayor agilidad y transparencia al sistema. Este cambio es especialmente relevante para quienes ya han cumplido con sus obligaciones, pero enfrentan retrasos en la actualización de su información financiera.
Por otro lado, el dictamen también aborda una problemática común: los consumos no reconocidos. En estos casos, cuando la entidad financiera confirme la veracidad de la denuncia tras una investigación, estará obligada a informar tanto al consumidor como a la SBS en un plazo máximo de siete días hábiles. Esto permitirá corregir rápidamente la información en el próximo reporte de la central de riesgos.
Esta reforma busca proteger a los usuarios del sistema financiero, eliminando las barreras que, en muchos casos, les impedían acceder a nuevos créditos o mejorar su reputación financiera. La medida ha sido bien recibida por especialistas y parlamentarios, quienes destacaron su importancia para promover la inclusión financiera y garantizar un trato más justo a los consumidores.
Con este dictamen, el Congreso da un paso adelante en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a las entidades financieras y contribuye a construir un sistema más eficiente y confiable.
