Un asesor del equipo de transición de Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, sugirió imponer un arancel del 60% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos a través del puerto de Chancay, una infraestructura inaugurada recientemente en Perú con capital mayoritario chino. Esta propuesta, presentada como un intento de contrarrestar la creciente influencia de Beijing en América Latina, podría tener implicancias significativas para las relaciones comerciales entre Perú y EE. UU., además de potencialmente interferir con el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.
El puerto de Chancay, construido y operado en gran parte por la estatal china COSCO Shipping, es una pieza clave en la estrategia de China para fortalecer su conexión con América Latina. Según el presidente chino Xi Jinping, esta infraestructura reducirá los tiempos de transporte y los costos logísticos, haciendo de Chancay un nodo vital para el comercio transpacífico. Sin embargo, en Washington, este proyecto ha despertado preocupación: autoridades y analistas temen que Beijing pueda usar el puerto con fines estratégicos, incluyendo posibles usos militares, además de consolidar su control sobre las cadenas de suministro en la región.
Claver-Carone propone que cualquier producto que transite por Chancay o por cualquier infraestructura controlada por China en América Latina sea tratado como si proviniera directamente de China, aplicándosele un arancel del 60%. Esto busca desincentivar el uso de estos puertos, limitar los beneficios logísticos para China y enviar un mensaje de advertencia a los países que profundicen sus relaciones económicas con el gigante asiático.
Aunque la propuesta está en línea con la retórica proteccionista de Donald Trump, su implementación enfrenta desafíos legales y económicos.
El TLC entre Perú y EE. UU., vigente desde 2009, asegura condiciones favorables para el comercio bilateral, incluyendo la eliminación de aranceles para la mayoría de bienes peruanos exportados a EE. UU. Aplicar un arancel unilateral sobre productos peruanos que pasen por Chancay podría interpretarse como una violación directa de los términos del tratado, exponiendo a EE. UU. a posibles sanciones o represalias.
Además, este tipo de arancel podría afectar negativamente a exportadores peruanos que, aunque no estén ligados a China, utilicen el puerto de Chancay por razones logísticas. Sectores clave como el agroindustrial, que exporta grandes volúmenes de frutas y vegetales a EE. UU., podrían ver aumentados sus costos, comprometiendo su competitividad en el mercado estadounidense.
El arancel propuesto no solo podría tensionar el TLC, sino también generar fricciones políticas entre Lima y Washington. Perú ha buscado históricamente mantener un balance en sus relaciones con EE. UU. y China, sus principales socios comerciales. Sin embargo, medidas proteccionistas de esta naturaleza podrían empujar a Perú a depender aún más de Beijing, una dinámica que EE. UU. quiere precisamente evitar.
¿Un nuevo capítulo en la guerra comercial?
La propuesta de Claver-Carone se enmarca en una política más amplia para contrarrestar la influencia de China en América Latina, donde Beijing ha realizado importantes inversiones en infraestructura, minería y energía. Aunque el impacto directo de la medida está por verse, su implementación podría abrir un nuevo frente en la ya compleja relación comercial entre las dos mayores economías del mundo, con Perú atrapado en el medio.
Si bien la Casa Blanca podría considerar medidas de presión para limitar la expansión china, los riesgos económicos y diplomáticos asociados con esta propuesta podrían terminar debilitando los lazos comerciales y estratégicos entre EE. UU. y América Latina, dejando la puerta abierta para un mayor protagonismo de Beijing.
