La Cámara de Comercio de Lima (CCL) manifestó hoy que la Ley de crimen organizado promulgada hoy por el Congreso de la República, que cambia artículos del Código Penal y otras normas, debe ser corregida pues pone en riesgo la seguridad ciudadana del país
En ese sentido, precisa que dicha norma, que no fue observada por el Ejecutivo, «genera graves trabas a la justicia en su lucha contra las organizaciones criminales» y «desalienta la iniciativa de los emprendedores y empresarios para iniciar sus negocios«, teniendo un impacto en el crecimiento económico.
«La Cámara de Comercio de Lima considera que, si una norma anterior podía generar algún abuso, esto se puede corregir, pero no se debe ir al extremo, debilitando la lucha contra el crimen organizado«, señala.
Asimismo, explicó que en tanto no se corrija la norma publicada, «los jueces tendrían la atribución constitucional de aplicar el control difuso«, esto es que, durante un proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces optarán por la primera, inaplicando según sea el caso la norma promulgada.
Además, refiere que la ley estipula como requisito que las organizaciones criminales controlen «la cadena de valor de un mercado o economía ilegal«, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población.
La norma promulgada deja fuera a 59 de los 91 delitos penales considerados graves, entre las que se encuentran el enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y el soborno internacional pasivo, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de órganos, tala ilegal, etc.
«La CCL cuestiona que se considere como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción«, afirma.
De igual modo, sostiene que la norma «carece de sustento técnico al extremo de haber modificado una ley derogada (Ley N.° 27379) referida al allanamiento de viviendas e inmuebles».
