La congresista Sigrid Bazán anunció que la bancada del Bloque Democrático Popular buscará la nulidad de la pensión vitalicia otorgada al expresidente Alberto Fujimori. A través de sus redes sociales, Bazán criticó la decisión de conceder un beneficio económico de S/ 15,600, correspondiente a su mandato de 1990 a 2000.
En un documento enviado a la Oficialía Mayor, se detalla que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, la resolución del Congreso podría ser nula por contravenir la Constitución o por incumplir requisitos de validez.
Es importante destacar que, a principios de año, el Congreso, con una mayoría fujimorista, rechazó otorgar una pensión a Pedro Castillo debido a una acusación constitucional en su contra. Aunque existe una ley que prohíbe a presidentes sentenciados recibir este beneficio —ley firmada hace 30 años por Fujimori—, el Congreso aprobó la pensión para el exdictador.
Eduardo Salhuana, presidente de la mesa directiva, confirmó la decisión del Congreso. En diálogo con RPP Noticias, explicó que la solicitud del exmandatario, presentada por su defensa en abril, fue aprobada por la Oficina Legal y Constitucional del Congreso tres meses después.
Salhuana aclaró que el artículo 2 de la Ley 26519 no prohíbe la pensión vitalicia sino que menciona una «suspensión» aplicable en casos de acusación, que se levanta si se declara la inocencia. La asesoría legal del Congreso interpretó que esta suspensión no es indefinida y debe aplicarse solo a acusaciones en trámite, considerando que la pensión está vinculada con la supervivencia del individuo.
Respecto a la negativa al expresidente Pedro Castillo, Salhuana señaló que se debe a que su acusación está en curso, mientras que las acusaciones contra Fujimori son de hace más de 20 años.
Los abogados Heber Campos y Hugo Mendoza, en diálogo con Infobae Perú, coincidieron en que Fujimori no debería recibir el beneficio. Campos subrayó que la Ley 26519 prohíbe la pensión a expresidentes condenados por delitos, como es el caso de Fujimori. Mendoza agregó que un indulto no elimina la responsabilidad penal y que la renuncia al cargo implica la pérdida de todos los beneficios asociados.
