El Ministerio Público había solicitado que Keiko Fujimori vuelva a cumplir prisión preventiva, pero esta petición fue rechazada. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó la decisión del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, negando la solicitud de revocar la comparecencia con restricciones y reinstaurar la prisión preventiva para la líder de Fuerza Popular.
En el contexto de la investigación por presuntos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, el fiscal José Domingo Pérez había fundamentado su solicitud en el incumplimiento por parte de Fujimori de la regla de conducta que le prohibía ausentarse de Lima sin permiso judicial. Keiko había viajado a California el 25 de mayo sin la debida autorización. Sin embargo, el juez Victor Zúñiga Urday consideró infundado el requerimiento el 12 de junio.
Pese a la apelación del fiscal Pérez, la sala desestimó su solicitud, argumentando que no se había comprobado el incumplimiento de la norma de conducta. Los magistrados recordaron que, en mayo de 2023, el juez de primera instancia había modificado las reglas de conducta para uniformar y suavizar las restricciones. Además, resaltaron la necesidad de que el Ministerio Público utilice las herramientas procesales de manera razonable y respetando el principio de proporcionalidad.
La sala destacó que un viaje, ya sea dentro o fuera del país, sin la intención de establecer residencia, no constituye una variación del domicilio. Por lo tanto, no se observó ningún incumplimiento por parte de la procesada.
En otro tema, se reveló que Keiko Fujimori no reportó un total de USD 3,65 millones recibidos del empresario Dionisio Romero Paoletti entre el 3 de noviembre de 2010 y el 23 de mayo de 2011, periodo en el que se desempeñaba como congresista. A pesar de un acuerdo privado, Fujimori tenía la obligación de declarar estos ingresos según la Ley 27482. En sus declaraciones juradas, no incluyó estos fondos, y en 2019 admitió haber recibido y ocultado estos montos.
