Asimismo, el Ministerio Público archivó el delito de genocidio imputado a los investigados por este caso.
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso, en contra de la presidenta Dina Boluarte por la supuesta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves, por las muertes durante las violentas protestas tras el golpe de Estado perpetrado por el exmandatario Pedro Castillo, hoy encarcelado en el penal de la Diroes (Ate).
La acusación alcanza a los extitulares del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola, así como a los exministros Jorge Luis Chávez Cresta, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Los hechos imputados están referidos a las feroces protestas sociales ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023, en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.
De lo acontecido, informó el Ministerio Público, «se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos)».
Asimismo, la Fiscalía de la Nación archivó el delito de genocidio imputado a los mencionados investigados.
