En comunicado señalan que todos los peruanos deben contar con una pensión digna, sin que ello genere informalidad y desempleo
La Unión de Gremios del Perú apoya la iniciativa legislativa que plantea la reforma de pensiones con la finalidad de universalizar el derecho a una pensión digna, pero expresaron su preocupación por la propuesta de incorporar un porcentaje obligatorio por parte de los empleadores a cada trabajador.
Así lo señalaron en un comunicado suscrito por Adex, Canatur, CCL, SIN, Perucámaras y la Plataforma Nacional de Gremios Mypymes.
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Los empresarios mostraron así su rechazo a la incorporación en el texto sustitutorio del dictamen que se encuentra en reconsideración en el Congreso, de la incorporación del citado aporte obligatorio para las pensiones de sus colaboradores.
Al respecto, indicaron que “impactaría de forma negativa en el mercado laboral, aumentando la informalidad y el desempleo”.
En el Comunicado expresan que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo no salarial en el país es uno de los más altos de América Latina y asciende al 68% del salario promedio.
Explican que el costo no salarial incluye un conjunto de conceptos a cargo del empleador que no existen en demás países de la región ni en el mundo.
“Aumentar dicho costo impactaría en la capacidad de las empresas para competir local e internacionalmente, con la consecuente pérdida de productividad y de puestos de trabajo formales”, señalan en el comunicado.
Riesgo de mayor informalidad
Además, recuerdan que el empleo informal en el Perú bordea el 71% y si se elevan los costos por trabajador, muchas empresas no podrán asumirlos, especialmente las mypes que en el país representan el 99% del tejido empresarial, y que estas se desplazarían hacia la informalidad.
Recuerdan también que la OCDE, ya manifestó que los altos costos no salariales, entre otros, “encarecen los empleos formales y generan un círculo vicioso que perpetúa la informalidad y la exclusión”.
Por ello, el gremio reiteró su solicitud para que toda propuesta legislativa cuente con estudio técnico, económico y financiero que analice la capacidad económica del Estado, y el impacto que podría tener a los involucrados.
Sostienen también que cualquier medida del ámbito laboral debe ser analizada y aprobada por el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, donde debe primar el diálogo social y el sustento técnico adecuado.
