Primer ministro anunció que se coordinará una respuesta conjunta de los tres poderes del Estado en rechazo a la resolución de la entidad supranacional.
El premier Gustavo Adrianzén dijo sentirse «absolutamente indignado» por el documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en donde ha requerido al Perú que deje sin efecto el proyecto, aprobado en primera votación en el Congreso, que especifica los alcances de los delitos de lesa humanidad.
“Indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte-IDH, que decide de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ni siquiera se ha convertido en ley”, expresó Adrianzén en conferencia de prensa.
“Lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado de un estado miembro, absolutamente independiente y soberano, para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas”, agregó.
En ese sentido, el primer ministro anunció que se coordinará una respuesta conjunta de los tres poderes del Estado en rechazo a la resolución de la entidad supranacional contra la iniciativa sobre delitos de lesa humanidad, que está pendiente de segunda votación en el Parlamento.
Dicha decisión, indicó el titular de la PCM, se adoptó en la sesión del Consejo de Ministros de este miércoles 3 de julio, tras lo cual iniciará las coordinaciones con los presidentes del Congreso y Poder Judicial, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) y Javier Arévalo, respectivamente.
“Hoy día se ha tratado el tema en el Consejo de Ministros y se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado -Poder Judicial y Poder Legislativo-, a efectos de que coordinemos y podamos emitir una respuesta conjunta de los tres poderes del Estado, manifestando por supuesto el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional”, aseveró el Gustavo Adrianzén.
Como se recuerda, en junio pasado, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría y en primera votación, el proyecto con el que se especifican los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes de julio de 2002.
La norma precisa que nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos antes del 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional.
Ello, debido a que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio 2002; mientras que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo el 9 de noviembre de 2003.
