El pleno del Tribunal Constitucional realizará hoy, a las 10:00 horas, su primera audiencia pública de supervisión de cumplimiento de sentencias para ver el caso de María Antonia Diaz Cáceres de Tinoco, quien presentó una demanda de amparo en contra de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, Áncash.
La demandante es una quechuahablante y analfabeta, quien comercializaba helados en la vía pública en la ciudad de Carhuaz y recibió una comunicación en castellano en abril de 2014, restringiéndole las horas para la venta de sus productos, sin considerar ni respetar su idioma materno: el quechua.
El Tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional la ausencia de una efectiva vigencia del derecho a que el Estado se comunique oficialmente también en lenguas originarias, en las zonas del país donde estas lenguas son predominantes y ordenó a la Municipalidad Provincial de Carhuaz realizar las actuaciones necesarias para que Diaz Cáceres conozca las decisiones municipales en idioma quechua.
El objeto de la supervisión es verificar que todas las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos en el ámbito de la provincia de Carhuaz, del departamento de Áncash, hayan oficializado el uso de la lengua quechua. Ello porque se dio un plazo de dos años para ejecutar lo dispuesto por el TC, plazo que ha vencido el pasado mes de mayo.
El Colegiado está integrado por Marianella Ledesma Narváez (Presidenta), Augusto Ferrero Costa (Vicepresidente), Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.
