El ex comandante de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, estuvo al borde de enfrentar medidas judiciales después de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, levantara serias sospechas sobre posibles irregularidades en la gestión de los fondos destinados a la Diviac durante su mandato. Esta situación generó un intenso debate público y legal, culminando en un intento de solicitud de detención por parte de la Fiscalía, que fue finalmente desestimada por el Poder Judicial al declararla infundada.
A pesar de los primeros informes que sugerían una decisión contraria por parte de la jueza Enma Ortíz del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco, se aclaró posteriormente que dicho juzgado no había recibido ni tramitado dicha solicitud, dejando su paradero actual en una situación aún por confirmar. En medio de estas controversias, el abogado de Harvey Colchado, Miguel Pérez Arroyo, expresó preocupación por lo que percibe como un posible uso indebido del poder para fines políticos, denunciando lo que llamó una «ojeriza institucional» y un intento de dañar la reputación de la Diviac.
Además, Santiváñez ha solicitado la intervención de varias instituciones del Estado para auditar y revisar el manejo de los fondos de la Diviac, subrayando su compromiso de evitar cualquier uso inapropiado de recursos públicos. Esta controversia ha suscitado un debate más amplio sobre el papel y la integridad de las unidades policiales especializadas en la lucha contra la criminalidad organizada en el país.
