El economista Oliver Stark, actual presidente de Petroperú, anunció este lunes que el directorio ha aprobado ocho medidas importantes para sanear la empresa estatal, con la intención de demostrar que los cambios «van en serio» para rescatarla. Esto ocurre después de que el ministro de Energía, Rómulo Mucho, declarara en febrero que la petrolera «está quebrada» y que su recuperación sería imposible sin realizar cambios estructurales en su gestión.
En una entrevista con El Comercio, Stark afirmó: «Ahora sí estamos ajustándonos el cinturón». Entre las decisiones recientes, destaca la desocupación del edificio principal en la Av. Paseo de la República, en San Isidro, y el traslado del personal a Talara, donde se encuentra el complejo de refinación de crudo.
«El último de los ocho puntos que hemos aprobado es trasladarnos todos a Talara y ver qué es lo mejor para este edificio. Podría ser concesionarlo para obtener efectivo, o venderlo. No lo sabemos aún, pero ya se ha aprobado proceder con el traslado de todo el personal a Talara siguiendo un cronograma de mudanza», detalló Stark. «De todas maneras, vamos a salir del edificio, ya sea por concesión o venta. Aunque algunas áreas como la legal o de compras podrían quedarse en una oficina aquí, sería en un solo piso que alquilaríamos al concesionario», agregó. Actualmente, hay 600 trabajadores en Lima y 900 en la región norteña.
La venta de activos no esenciales, incluido el edificio central, busca generar liquidez para la empresa. «Hay un impasse porque esos activos están en garantía por las facilidades que nos dio antes el MEF [Ministerio de Economía]; pero es un tema interno que vamos a solucionar», explicó Stark.
Petroperú también tiene planes para otros inmuebles. «Hay 92 propiedades como garantía. Pero hemos identificado un grupo de cerca de diez que son de inmediata ejecución. Estamos hablando, primero, de este edificio. Segundo, del Club Petroperú en la Av. Golf Los Incas, y de varias propiedades en Talara y Punta Arenas», indicó Stark. «No quiero dar cifras para no afectar el proceso, pero en algún momento se valoró este edificio en 120 millones de dólares. Quizá esta cifra no parezca significativa comparada con los montos usuales en Petroperú, pero cualquier medida es bienvenida», continuó.
Otra medida significativa es la contratación de una empresa restructuradora que gestionará Petroperú como un CEO privado. «Así funciona un Project Management Office (PMO), y así lo hemos conceptualizado nosotros. Algunos especialistas lo llaman también Chief Transformation Office (CTO)», apuntó Stark. «Esto significa que Petroperú se comprometerá a adoptar medidas de eficiencia desde que este CTO asuma la gerencia general. Yo, como presidente del directorio, tengo la potestad de darle esa autoridad», añadió. El proceso de contratación se completaría, según sus estimaciones, para septiembre de 2024.
La compañía también realizará una auditoría forense del proyecto de modernización de la refinería de Talara. «Acabo de recibir los TdR [documento técnico] para la contratación de la entidad responsable. La idea es hallar responsabilidades. No me gusta señalar con el dedo ni tengo espíritu de auditor, pero este problema está costando la existencia a la empresa más importante del Perú. Entonces, hay que identificar por qué la refinería demoró diez años en ser construida y por qué costó casi tres veces más que al inicio. Alguien tiene que responder por esto, para que no se repita», señaló.
El Gobierno ya había anunciado una reforma estructural en Petroperú, otorgando al MEF mayor capacidad de decisión en la Junta General de Accionistas y destinando un paquete de ayuda que incluía un préstamo de 800 millones de dólares y una línea de crédito de 500 millones de dólares respaldada por el Banco de la Nación. Sin embargo, recientemente, el ministro José Arista descartó una nueva inyección económica tras la rebaja de la calificación de la firma por Standard & Poor’s.
Petroperú enfrenta una crisis financiera y operativa, acumulando una deuda superior a los 8.500 millones de dólares, mientras que su patrimonio total asciende a solo 1.645 millones de dólares, según informes recientes. Las agencias de calificación crediticia, como Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), han rebajado su calificación de deuda a largo plazo de ‘B+’ a ‘B’, reflejando las crecientes preocupaciones sobre la solvencia de la petrolera.
Problemas de gestión y casos de corrupción han minado la confianza en la empresa. Según una encuesta de Ipsos Perú para Perú21, un 21% de los ciudadanos peruanos propone la liquidación de la empresa en caso de bancarrota, siendo esta postura más marcada entre los niveles socioeconómicos más bajos (NSE E y D). Otra fracción, del 19%, aboga por la venta de la Refinería de Talara a una empresa privada o extranjera.
