- Parlamento exhortó al Ministerio Público a dejar de lado la politización y que centre sus esfuerzos en luchar contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
El Congreso de la República rechazó «contundente y categóricamente» el pronunciamiento que emitieron fiscales supremos, superiores y provinciales del Ministerio Público en contra de tres proyectos de ley que supuestamente afectan su institución.
«Exigimos respeto a la labor parlamentaria en arreglo al principio de separación de poderes. Los congresistas de la república velan por el respeto a la Constitución y las leyes», se lee en el comunicado emitido por el Parlamento.
En la víspera, la Junta de Fiscales Supremos, así como los presidentes de las juntas de fiscales superiores y provinciales a nivel nacional, rechazaron tres propuestas que actualmente están en proceso en el Legislativo al indicar que afectan la autonomía e independencia institucional del Ministerio Público.
No obstante, el Parlamento subrayó que existen mecanismos constitucionales para impugnar las normas, por lo que rechazan que se incite a la población a “actuar contra el orden democrático”.
“Exhortamos al Ministerio Público dejar de lado la politización y que centre sus esfuerzos en luchar contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado que azotan al país, para que los responsables de la ola de crímenes respondan ante la justicia”, concluyó el Legislativo.
En su comunicado, los fiscales de todos los niveles cuestionaron tres iniciativas que plantean: 1) la reorganización de la JNJ y el Ministerio Público; 2) la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura; y 3) la modificación del Código Procesal Penal para que la Policía Nacional tenga atribución para investigar delitos.
Los fiscales señalaron que dichas iniciativas legislativas “colisionan contra el orden constitucional, los valores y principios democráticos que sustentan la existencia y funciones asignadas al Ministerio Público”.
Por tal motivo, demandaron al Ejecutivo que cumpla con su función de control de legalidad y a la ciudadanía e instituciones democráticas que se sumen a la defensa de la democracia y el Estado de derecho “que se pretende socavar”.
