El despacho de la presidenta Dina Boluarte está siendo cuestionado por presuntos gastos excesivos e injustificados en órdenes de servicio. Durante los primeros cinco meses de 2024, se desembolsó más de medio millón de soles (aproximadamente 150 mil dólares) en contrataciones para trabajos duplicados, según expuso el programa Panorama.
Panorama detalló que estas órdenes incluyen servicios de apoyo en control documentario y archivístico, funciones que supuestamente ya deberían ser cubiertas por el personal del Despacho Presidencial.
En febrero de 2024, según la denuncia periodística, se contrataron tres personas para servicios relacionados con contrataciones públicas, cada una recibió pagos entre 16 mil y 27 mil soles. Para los expertos consultados, estas funciones son duplicadas.
El programa también destacó el caso de Camila Solezzi Ludeña, quien en enero de 2024 obtuvo su primer empleo estatal en el Despacho Presidencial sin tener experiencia previa en el sector público. Se señaló que esto representa una desnaturalización del contrato y una selección irregular de contratistas.
La investigación reveló que algunos empleados obtenían contratos simultáneos con otras entidades públicas. Por ejemplo, Edwar Ramos Pachas recibió 16 mil soles para trabajos logísticos en el despacho presidencial el 1 de febrero de 2024 y dos días después firmó otro contrato con Fondepes por 28 mil soles.
Fredy Hinojosa, jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, defendió estas contrataciones, afirmando que cada trabajador tiene funciones específicas establecidas en un documento público conocido como clasificador de cargos. Sin embargo, expertos consultados indicaron que esta explicación no aborda la duplicidad de funciones y la innecesaria contratación de personal externo.
José Trelles, abogado especialista en contrataciones del Estado, señaló que estas prácticas infringen el marco general de contrataciones y suponen una fragmentación para evitar la competencia, lo que constituye una infracción.
En respuesta, la Presidencia de la República emitió un comunicado negando cualquier irregularidad en las contrataciones. Afirmaron que los servicios por terceros se realizan dentro del marco de la ley y cumplen estrictamente con los términos de referencia establecidos. También mencionaron que estos contratos están bajo supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y se encuentran debidamente registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y publicados en el Portal de Transparencia.
En enero de este año, el Despacho Presidencial gastó 97 mil soles en contratar a tres personas distintas, según Panorama. En el comunicado oficial, se enfatizó que el gasto público en la contratación de locadores no excede lo presupuestado para cada año y que la Contraloría General de la República audita anualmente los estados financieros y presupuestarios para verificar la legalidad del gasto y la gestión.
