La petrolera estatal está en crisis, tiene un alto nivel de endeudamiento, sustentado en serios problemas financieros. Su directorio no le pedirá más dinero al principal accionista, el Estado, porque sería “irresponsable y un acto de inmoralidad”. En este proceso, fuentes consultadas, adelantan que primero debe sanearse la deuda de la estatal para luego proceder a la incorporación de capital privado a la empresa.
La empresa estatal, Petroperú, lucha por su supervivencia financiera y busca soluciones audaces para garantizar su futuro, en un momento donde el directorio plantea una gestión privada en la empresa, pero también financiamiento adicional, ambos cruciales en este proceso.
Esta decisión implicaría la privatización de la petrolera estatal para superar sus dificultades financieras, pero para ello requiere pasar por un largo proceso que tiene como punto inicial la decisión de la Junta General de Accionistas.
La situación de Petroperú es de preocupación. Según la empresa requiere US$ 2.200 millones adicionales para estabilizar su situación, y aunque la deuda acumulada y las pérdidas financieras son un desafío constante, el directorio no quiere volver a estirar la mano al principal accionista, el Estado, con recursos que le den un alivio financiero porque sería “irresponsable y un acto de inmoralidad”.
Algunas fuentes consultadas señalan que para que haya gestión privada hay dos vías: a) contratar a un tercero para que administre la empresa y b) incorporar accionistas en la estructura societaria.
Para el primer caso, por más buenos que sean los gestores que se contraten, si no se solucionan diversos problemas poco podrán hacer los nuevos protagonistas de la conducción de la empresa.
¿Y cuáles son los problemas que afronta la petrolera estatal? Tiene varios, entre ellos que la refinería de Talara opere al 100% de su capacidad y de su tecnología, y lograr recursos que le permitan viabilidad en su flujo de caja.
Sobre el planteamiento de incorporar accionistas privados en el accionariado de la empresa, la Ley permite a Petroperú emitir igual número de acciones a las vigentes menos una, pero para ello, quien las suscriba solicitará un acuerdo previo de accionistas exigiendo determinadas condiciones, entre ellas, sacar a Petroperú del ámbito de la Contraloría, y lo más importante tener en sus manos el control de la gestión de la empresa y poder liquidar a los trabajadores que considere.
Sobre la posibilidad de tercerizar la administración, como paso previo a la venta de acciones, no sería la mejor opción, toda vez que el proceso sería largo y la empresa no está en condiciones de resistir esta situación desde una óptica financiera.
Dentro del abanico de acciones, se planteó la posible suspensión perfecta de labores, una solución de tránsito ante una eventual privatización, pero ello podría acarrear problemas de gobernanza toda vez que ya algunos expresidentes del directorio de la empresa señalaron que Petroperú está “secuestrada” por sus trabajadores, los que en su mayoría priorizan mantener sus beneficios a costa de la empresa porque sus condiciones laborales son excepcionales y no son comparables con lo que reciben la mayoría de servidores de las diversas instituciones del Estado.
Frente a la situación tan álgida de la empresa, nuestra fuente considera que, si el país emite bonos para comprar la deuda de Petroperú, la situación financiera de la estatal cambiaría y no se tendría que declarar insolvente a la compañía salvo que se quiera liquidar al personal.
“Desde una óptica financiera, hace sentido para el país que el Perú emita bonos, pague la deuda de la empresa y luego proceda con la incorporación de capital privado para posteriormente vender ese 50% más 1 acción”, señala nuestra fuente.
Para el economista, Hernán Garrido-Lecca, la participación directa del Estado en la actividad empresarial no es buena idea y mucho menos es una solución. Sin embargo, considera excepciones importantes como los casos de las empresas públicas de Medellín o de Codelco, en Chile, pero que son excepción a la regla. El caso de Petroperú es “patético”, señaló.
Garrido-Lecca consideró importante abrir el abanico de inversión de otros orígenes, más allá de China que tiene presencia en varios sectores en el país, y que, con el avance de las negociaciones para acuerdos comerciales con India, Indonesia y Turquía, en la inversión de estos países podría estar la solución para recapitalizar a Petroperú.
En todo este contexto, la propuesta de venta de las acciones planteada por el directorio que tiene como cabeza a su vicepresidente, Oliver Thomas Alexander Stark Preuss, debería escalar al nivel de la Junta General de Accionistas, quienes deberán tomar las decisiones empresariales que correspondan con la petrolera estatal. Desde una visión de los negocios, primero deberá resolverse los varios problemas que enfrenta la petrolera estatal, entre ellos la injerencia política. Y en un contexto donde tanto el Ejecutivo como el Congreso están enfocados en otros temas, la decisión de privatización podría seguir pendiente al igual que muchos temas relevantes en el país.
